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UN SISTEMA DEMOCRÁTICO, MÁS IGUALITARIO, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.  

Es hora de adaptar el régimen constitucional a las necesidades de una democracia moderna, con un modelo de gestión estatal, que ofrezca respuestas y soluciones ante problemáticas sociales estructurales que hoy no se logran resolver.

Luego de 7 años de gobierno militar, el 30 de octubre de 1983 el país volvía a ejercer su derecho a voto. En comicios generales, se elegían autoridades nacionales, provinciales y municipales. La Argentina en estos 40 años, vería el contexto mundial transformarse con la caída del muro y el colapso de los socialismos reales, el fin de la Guerra Fría, la unificación europea, el surgimiento de China e India como potencias económicas mundiales, la decadencia norteamericana. Las transformaciones sociales, económicas y políticas en la Argentina serían igualmente dramáticas, los movimientos sociales irrumpen con trascendente magnitud. La transición política y la consolidación de la democracia estarían signadas por la casi desaparición de los militares como actor político, el debilitamiento de la representación corporativa, así como la fragmentación del sistema de partidos. El peronismo perdería por primera vez en elecciones limpias y competitivas en 1983, en 1999 y en el 2015. 

El actual ciclo democrático que celebramos, pone fin a la barbarie desencadenada durante la última dictadura que atravesara nuestro país. Los usurpadores del poder el 24 de marzo de 1976 llevaron adelante una política de represión estatal conocida como terrorismo de estado que no encuentran antecedentes en nuestra historia contemporánea y sólo puede equipararse con el genocidio contra los pueblos originarios en los tiempos en que se estaba erigiendo la nueva Nación. Los secuestros eran realizados por los grupos de tareas en la vía pública, en los lugares de trabajo o de estudio, o en las viviendas de las víctimas. Trasladados a centros clandestinos, a las detenidas/os-desaparecidas/os se les impuso la tortura física, emocional y psicológica: aislamiento, malos tratos, escasa alimentación y agua, mínima higiene, violencia sexual, entre otras condiciones, que en miles de casos terminaron en la definitiva desaparición física.

La violencia desatada contra el militante político, estudiantil, sindical o social pretendía no solo la eliminación física sino también el disciplinamiento y la reorganización de las relaciones sociales y económicas que con altibajos caracterizaban a nuestro país hasta entonces. Se pretendió extinguir el modelo de desarrollo industrial con fuerte integración y protagonismo de los sectores trabajadores que venía desde Perón, imponiendo un modelo de país orientado a la exportación de materias primas, dependiente de los grandes centros de poder mundial, con predominio del capital financiero y fuertemente regresivo en materia social, que segregó y empobreció a los sectores populares.

En los años de la dictadura militar 1976/83, se dedicaron a elaborar y sostener una política laboral coactiva tendiente a disciplinar y fragmentar un movimiento obrero que se había mostrado en los años inmediatos con una alta capacidad de presión, movilización y negociación. Esta política estatal tuvo dos planos: uno de represión abierta y directa y otro legislativo. Respecto del primero, el gobierno militar se abocó a dos objetivos, primero inmovilizar al conjunto de la clase trabajadora, dictando duras normas represivas de las huelgas, interviniendo las principales organizaciones sindicales, apresando dirigentes “moderados” y prohibiendo la actividad gremial y segundo, exterminar a la minoría combativa clasista o contestataria, cuya influencia era local y radicaba en las comisiones internas de un cierto número de empresas. En este caso se secuestraron dirigentes militantes de base o simples trabajadores que habían manifestado adhesión a posiciones populares o radicalizadas, no siempre relacionados con organizaciones armadas.

Para emerger de esa etapa oscura, hubo una constante lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de organizaciones de DDHH, con el tiempo fueron sumándose a las protestas y reclamos sectores gremiales que lograron realizar una fuerte protesta el 30 de marzo de 1982, donde hubo cientos de heridos, muertos y detenidos. Dos días después la toma de Malvinas parecía que le otorgaba nuevo aire al canalla genocida gobernante. Esa guerra que nunca debió ser y que también debiera atribuirse como crimen de lesa humanidad, terminó con el ansia de perpetuidad de los militares.

Esa conjunción de hechos puso en retirada a la dictadura cívico militar con complicidad de sectores eclesiásticos, y se comenzó a trabajar en un acuerdo en torno al sistema democrático como la mejor forma de organización social, que culminó o comenzó según se mire en la Presidencia de Raúl Alfonsín. 

El “Nunca Más” fue una expresión del acuerdo democrático, e impregnó la vida institucional desde 1983, no fue fácil, el poder militar y el económico que apoyó a los genocidas, se mantenían fuertes y expectantes. Habían resignado el gobierno, pero seguían manteniendo una cuota importante de poder. El juicio a las juntas, aunque muchos lo nieguen fue puntapié inicial para el posterior juzgamiento a los cuadros inferiores, tuvo idas y vueltas, intentos de perdones, amnistías e indultos, pero la lucha popular no cejó y constituyó la base sobre la cual se fundó, con aciertos y errores, el ciclo político que hoy cumple 40 años. El rechazo a la violencia política se constituyó en el imperativo moral que sustentó el renacimiento de nuestro sistema democrático. 

Sin embargo, hoy, cuarenta años después de finalizada la dictadura, la democracia argentina, que pareciera consolidada, encuentra su sistema republicano tambaleante especialmente en un Poder Judicial carente de imparcialidad e independencia, con sistemas electorales obsoletos en muchas jurisdicciones y básicamente con el incumplimiento de un pacto social igualitario.

Tremendamente preocupante el creciente aumento de la desigualdad con índices de pobreza estructural incontrolables, es una deuda de la democracia. En su memorable discurso de toma de posesión en Buenos Aires en 1983, Raúl Alfonsín se dirigió a los argentinos, que acababan de dejar atrás una dictadura, de forma premonitoria: “La democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. Una promesa que no pudimos cumplir y que habrá de reformularse prestando especial atención a la forma y la calidad con las que se come, se educa y se cura en unas sociedades donde los servicios han adquirido una importancia y un peso inéditos en nuestras vidas, y que también están inmersas en una lucha impostergable contra nuevas realidades como el cambio climático. 

En medio de un proceso electoral a casi un cuarto siglo XXI debiera ser imperativo ético que nuestros políticos/candidatos también pongan en crisis un sistema democrático creado hace 200 años para beneficio exclusivo de una oligarquía. Es hora de adaptar el régimen constitucional a las necesidades de una democracia moderna con un modelo de gestión estatal que ofrezca respuestas y soluciones ante problemáticas sociales estructurales que hoy no se logran resolver. Elecciones periódicas no alcanzan a convertirse en canales que sirvan para vehiculizar respuestas a las demandas populares.

No debe temerse a los mecanismos de participación popular, ellos ayudan a fortalecer el sistema democrático, esa participación popular es la que puede poner en apuro el contenido conservador de las instituciones estatales, teniendo para ejemplo el poder judicial, monárquico familiar y vitalicio.  Es la participación popular la que también puede poner freno a las intenciones de ciertos personajes de la política que en nombre de la República promueven el recorte de derechos laborales, sociales y políticos. 

Fake news (noticias falsas), lawfare (guerra jurídica o guerra judicial), puestos así en inglés para mostrar que son procesos que también existen en otras partes del mundo y que intentan lograr la subordinación, la conquista o el control de poblaciones en general o de grupos menos poderosos, que finalmente sugieren el surgimiento de corrientes políticas antidemocráticas y discursos neofascistas.

Juicios arbitrarios, condenas sin pruebas, intentos de magnicidios, proscripciones, procesos de destitución, injerencia judicial en temas electorales extra jurisdiccionales, intentos de golpes institucionales, la promoción del individualismo, la ruptura de los lazos sociales de solidaridad y su reemplazo por la lógica del mercado, son políticas instrumentadas desde los poderes hegemónicos para su consolidación, despojando a la democracia del elemento integrador y reduciéndolas a su aspecto formal. A cuarenta años tenemos el desafío de reflexionar, debatir, participar, movilizarnos colectivamente para construir un sistema democrático, más igualitario con memoria verdad y justicia.  

ESPACIO CULTURAL

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Las notas publicadas son colaboraciones ad-honorem. Propiedad intelectual en trámite. Los artículos firmados son responsabilidad del autor y no representan la línea editorial de la publicación. Se pueden reproducir citando la fuente. 

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