Ante el panorama actual que transita la Argentina, y en medio de un inédito manejo de la agenda política vía redes sociales, queda la atención cautiva en el epifenómeno, operando por debajo de la superficie de idas y vueltas mediáticas el verdadero entramado de poder que sostiene al presidente Milei. Luego de una prudente sino cómplice espera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es llamada sin dilación a entrar al ruedo. Se apresuran los tiempos y, desgraciadamente, no se puede extender la feria judicial: a la vuelta de la esquina esperan marzo y abril, expectantes.

Resulta singular que bajo el término de “casta” se agrupe el conjunto de “los políticos”, aquellos que viven del Estado y sus privilegios. Tiene esto una parte de verdad. Claro que pertenecer o no a la casta depende de si lo enuncian como tal o no los intérpretes últimos de la institucionalidad argentina: el presidente y sus interlocutores. En ella se concentra todo enemigo institucionalizado, parte integrante del Estado criminal e ineficiente, de acuerdo al juicio libertario. Sin embargo, los cargos públicos son periódicos; duran, respecto a los ámbitos legislativo y ejecutivo, cuatro años; cumplido el plazo, los funcionarios pierden los fueros y pasan a ser ciudadanos comunes. Pero hay un subconjunto de miembros del Estado que no son elegidos por sufragio, como los otros dos, y no tienen duración periódica en sus funciones, sino que el ejercicio es vitalicio, a saber: los jueces. Esta es, pues, la verdadera casta institucionalizada.

El presidente Milei se apoya en dos patas: la Corte Suprema de Justicia, por un lado; y el establishment, por otro. Una, como poder institucional; la otra, como poder fáctico.

Reconstruyamos, a modo de reseña histórica, el devenir de una de las dos patas, en este año uno de la distopía. En la jornada del traspaso de la banda presidencial hubo dos gestos que llamaron la atención. El primero y más resonante: el discurso presidencial, dado a espaldas del congreso y de cara a los manifestantes. Tiene un sentido: las medidas a implementar se apoyan en ese 56% de votantes, esa es su legitimidad de origen. Pero hay aquí un detalle: en un sistema republicano de gobierno se jura ante el poder legislativo, por ser este el poder supremo, y ante él se lee el discurso. El poder supremo reside en la atribución de dictar leyes, exclusivo de ambas cámaras. Pero ahora que el congreso representa la casta, este “nido de ratas”, según la sentencia del titular del poder ejecutivo, llegó el momento de saltearla para hacer de la Argentina la primera potencia que, supuestamente, alguna vez fue. El congreso, ese fatídico intermediario que altera el precio de mercado del producto político. Ése es un gesto; veamos el otro.

En la asunción, el presidente electo se acerca a saludar a los cuatro miembros de la Corte que hacían acto de presencia, le pasa la mano al presidente y al resto de los miembros del máximo tribunal. La espalda al congreso y la mano estrechada a la Corte con el discurso ante “el pueblo” conforman una misma estructura de legitimación: en el plano de la gobernabilidad el presidente se apoya en la Corte y en “el pueblo”, sus votantes, parecería ser más que suficiente; de tres poderes, dos; el otro, casta. Tal legitimidad instituida pondría al descubierto un mecanismo ineficiente del sistema republicano de gobierno, una falla de la democracia, ella misma puesta en duda, al fin y al cabo. Tiene su lógica en consonancia con la figura de la democracia de mercado, que tanto eco tuvo en los libertarios, de la mano de Mises. Aquí, la gobernabilidad se realiza en un constante plebiscito, sin intermediarios, sin “casta”: del mismo modo que el producto llega al precio de mercado cuando se eliminan los intermediarios la casta debe salir de escena, respecto al vínculo directo entre el ciudadano consumidor y el presidente electo, producto este que tiene por objeto satisfacer sus necesidades políticas, al compás de mercados desregulados.

No es casual que el presidente Milei no ataque a los jueces, y que tenga miramientos de reconocimiento explícito de casta hacia ellos: en la Ley Ómnibus, por ejemplo, se quita la jubilación de privilegio para presidentes y vicepresidentes, pero no así a los miembros de la Corte (art. 75). El que enuncia quién es o no casta lo hace a su vez fortaleciendo a las castas en las que se apoya: sean estas de carácter institucional o fáctico, se trate de la Corte o del establishment. Y esto es sin miramientos, aquí no hay límites, pues constituyen estos sus pilares sólidos, de este modo se comprende el ataque constante a gobernadores y a miembros del parlamento. Ante el plan de ajuste, cualquier disputa con los gobernadores lo dirime la Corte; esto es así en nuestro sistema republicano de gobierno; ahora bien, que el presidente Milei, quien desprecia las formas y las instituciones del estado de derecho amenace con dirimirlo directamente en la Corte, como sucedió con el caso Chubut, sugiere una connivencia, un acuerdo implícito; o bien una confianza desmedida, un riesgo, la última carta a jugar en pos del equilibrio institucional. Lo mismo del lado de los gobernadores: Quintela y Kicillof ya presentaron recursos ante el supremo titular, y están a la espera. La Corte expresa, con su silencio y cálculo, el enigma de esta hora urgente de la democracia, y prefiere estirar lo más que se pueda los tiempos para tomar decisiones, pues no sabe aún para dónde va la aguja del presente…sopesa cuánto se juega en ello. Pero no tiene otra salida, a su puerta están los gobernadores en franca rebeldía contra las políticas de ajuste: en definitiva, si estalla socialmente, estalla en el territorio, la nación no tiene más territorio que el de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Veamos el caso Chubut: El juez federal Sastre invalidó la quita de retenciones, aunque no confiscó la partida no enviada: inmediatamente se instruyó a Barra, procurador del Tesoro, a que lleve adelante el recurso per saltum a la Corte. La misma Corte que, ante un escenario de caída abrupta de poder adquisitivo, una devaluación en un solo día del 118% de la moneda, y un largo etc., decidió no interrumpir su feria ante el recurso presentado por el gobernador Quintela sobre los fondos coparticipables. Esto es: se toma la atribución el presidente de convocar al congreso en extraordinarias, pero no se debe molestar de su merecido descanso a los jueces de la Corte. ¿Cuál es, entonces, la verdadera casta? Pero no se trata aquí de descanso, para ello les basta a los miembros del máximo tribunal el ciclo lectivo, sino de una prudencia calculada y meditada. Pero los tiempos urgen.

¿Por qué los jueces supremos dilatan la espera, estiran los tiempos? La clave está en el tipo de alianza que forjen los gobernadores: lo saben tanto Milei como los miembros del máximo tribunal. Hasta ahora los gobernadores gestionan y se posicionan política y públicamente ante el poder ejecutivo relativamente en soledad: sólo se manifestaron en conjunto, aunque no todos, respaldando al gobernador chubutense. Si Milei o los gobernadores recurren a la Corte, esta tiene que fallar. Si falla a favor de los gobernadores, pierde Milei todo respaldo institucional, queda expuesto a sí mismo, pero el establishment (incluido el FMI) piden institucionalidad a las medidas que este implemente, esto es: que la política de ajuste sea fruto de un acuerdo a mediano y largo plazo. El presidente no lo pudo lograr en el congreso, le queda la carta de la Corte. Sin ella, el rey estaría desnudo, y a un paso de un vacío institucionalidad que mine fatalmente su gobernabilidad. Si la Corte falla a favor de Milei, los gobernadores impulsarían tarde o temprano el juicio político: recordemos que la coparticipación no es discrecional, y es por ley; el máximo tribunal estaría convalidando un acto contrario a la ley, fuente primera del derecho, siendo el único órgano que podría dirimir cuestiones jurídicas y políticas entre las provincias y el ejecutivo. Una alternativa que podría presentársele consistiría en validar la quita en algunos casos y en otros no, sopesando con sumo cuidado no se vuelvan estas fuerzas lo suficientemente poderosas para que se les venga en contra y derive en el juicio político. Ahora bien, en esta alternativa de sintonía fina con la coyuntura, hay también un problema, ¿cómo sentarían precedente? La jurisprudencia carecería de consistencia argumentativa, al menos. Esto es: los argumentos de por qué un caso debería estar bajo la órbita de la ley y otro no sería un ejercicio tan arduo como absurdo, y a nadie se le escapa la tendencia parcial de las sentencias del máximo tribunal a lo largo de los últimos años, este no puede eludir el hecho de estar en crisis ante la opinión pública, tanto como la clase política en su conjunto. En su mensaje del día miércoles (28/02/2024), el Papa Francisco se dirigió a los jueces, recordándoles que constituyen (…) “el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social”. Tales vulneraciones de derechos van de la mano con el desequilibrio institucional y social, que a nadie se le escapa son consecuencia del ajuste brutal sobre los sectores medios y bajos. Advierte, el sumo pontífice, acerca del desequilibrio social que implica convalidar semejantes vulneraciones de derechos. Esta advertencia implícita es algo de lo que son conscientes los miembros de la Corte. Los silencios del Papa son también objeto de análisis: no se dirige al gobierno, sino a los jueces, estandartes últimos de institucionalidad. Tal vez la sentencia “quien tiene, oídos que oiga” (Marcos, 4:23) no halle tierra fértil en el gobierno y los poderes fácticos, y quede este último recurso, el de dirigirse a los jueces. El padre del liberalismo político, John Locke, en definitiva, plantea que ante la injusticia, y cuando no hay más juez en la tierra a quien acudir, en última instancia se implora al cielo: esto último, un eufemismo de estallido social (Segundo ensayo sobre el gobierno civil, cap. XIX). La advertencia implícita del Papa, este llamado de atención, es una alarma que toman nota sobre todo los gobernadores, y desde el inicio del plan de ajuste. De ahí los gestos en gran medida genuflexos ante un presidente reticente y difícil: Valdés, al acudir al aeropuerto sin ser convocado y puesto en agenda; Torres, invitando al presidente, quien se cansó de insultarle, a una cumbre patagónica luego de haber liberado los fondos; etc.

¡No se me distraiga lector/a! Prometo que ya termino, pero tenemos que hacer un breve análisis más y traer a colación una llamativa reunión entre los dos pilares mencionados más arriba. Vamos por lo primero.

Los regímenes políticos representativos de la altright (“alternativa de derecha”, para tomar una nomenclatura en uso), tienen algunas características en común: sus líderes son outsiders, hallamos un desprecio hacia la política institucionalizada, se rememora un pasado de orden y progreso devenido en decadencia histórica y, por último, se apoyan en los tribunales supremos como baluarte institucional último de gobernabilidad. Los seguidores de Trump invaden el Capitolio, sede del poder legislativo; los de Bolsonaro, la sede del congreso. Bolsonaro no teme a Lula, ni al congreso, sino al juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, quien le exigió la entrega del pasaporte en medio de una investigación que lleva adelante contra un intento de golpe de estado, e hizo encarcelar a altos mandos militares que formaron parte de su gobierno; sabe Bolsonaro que se cierra el cerco sobre él, por eso acudió a sus simpatizantes para colmar de verde amarelo las calles de San Pablo. La verdadera casta que temen estos regímenes políticos no es a la que atacan, pues que en gran medida se asientan en ella.

En Argentina, en este momento, se apuran los tiempos. No se extiende la feria, terminó el descanso, y con él el periodo de indecisión. Los dos pilares que cargan la gobernabilidad de Milei, el día 26/02/2024 se vieron las caras. Parte del establishment en calidad de terceros (Amicus Curiae), supuestamente no interesados, pero deseosos de ofrecer asesoramiento y argumentos a favor, presentaron un pedido a la Corte para que quite de en medio el obstáculo que representan las decisiones tomadas en el fuero laboral, en lo que hace a la flexibilización propuesta por el DNU 70/2023. El elenco del establishment estuvo conformado por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), la SRA (Sociedad Rural Argentina) y CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria) (Fuente Infobae, 26/02/2024). No hace falta hurgar mucho para vislumbrar que la petición de entrar a jugar a favor de estos grandes actores económicos busca neutralizar la intervención de instancias jerárquicamente inferiores, y pone a su vez de manifiesto una intención de partes, un acuerdo de gobernabilidad, que se lleva puesto el sistema republicano de gobierno (el DNU solamente puede convalidar el congreso de la nación, los poderes ejecutivo y judicial no pueden legislar).

Pero la Corte, garante en última instancia del juego republicano, opera como un experto en el juego del ajedrez político, un excelso observador que mira por encima las jugadas. En este mirar por encima, y en esta hora, de repente los jugadores alzan su vista y la dirigen a tan temible observador; le piden que juegue, que de una vez atraviese el maldito Rubicón, no sin antes decir con César: “la suerte está echada” (alea iacta est).