Será un proceso que llevará años y requerirá ser absolutamente consecuentes.  No vamos a diseñar aquí un plan antiinflacionario completo, ni mucho menos, pero creemos que para lograrlo habría que adoptar acciones como las que siguen:

Alineamiento de los precios relativos: un prerrequisito para cualquier política de control de la inflación es llevar, previamente, los precios de los bienes y servicios a lo que deben valer de acuerdo a su costo: ni tarifas ni tipo de cambio atrasados.  Subsidiar a las personas que lo necesiten, pero no a los precios, porque eso conduce a una ineficiente asignación de recursos, y por ende, a una menor productividad.  Llevará un tiempo hacerlo, porque es necesario proteger los ingresos de los asalariados y los sectores populares, que ya no admiten mayor deterioro.

Equilibrio fiscal: la emisión monetaria, para cubrir el déficit fiscal, no es la única causa de inflación, y con frecuencia no es siquiera la más importante.  Pero no hay estabilidad de precios si se emite más dinero de lo que la economía puede absorber, porque es lícito incrementar los medios de pago en la medida en que el crecimiento del mercado interno lo requiere, pero no más allá.  El equilibrio fiscal se puede alcanzar, en el marco de este plan, con la reformulación de las retenciones a las exportaciones primarias ya propuesta, así como reponiendo o ampliando impuestos sobre la riqueza, o la herencia, u otros que no graven directamente la actividad económica, y eliminando exenciones y desgravaciones que muchas veces resultan prebendarias.  Y del lado del gasto, revisándolo y racionalizando la estructura del estado para mejorar su eficiencia, materia que da para un extenso tratamiento por separado.

En el mediano plazo habrá que producir una reforma tributaria amplia, simplificando el sistema, aumentando los impuestos que gravan las rentas y el patrimonio personal, y reduciendo los que se aplican sobre el consumo, como lo hacen los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fundada por países desarrollados de occidente, que hoy nuclea a 38 naciones). 

Políticas activas: tendientes a incorporar competencia donde haya oligopolios o carteles (acuerdo de proveedores para aumentar indebidamente los precios), tan comunes en Argentina y en el capitalismo actual.  La inclusión de nuevos actores, como, por ejemplo, los de la economía popular y trabajadores de la tierra, ayudaría en esta tarea.

La cartelización de la obra pública, por su parte, no puede dejar de abordarse en este marco.

Apertura importadora: en ciertas oportunidades (Martínez de Hoz, Cavallo), una apertura importadora indiscriminada, junto con un tipo de cambio bajo, se utilizó para destruir a la industria nacional.  Pero una apertura bien diseñada, que prevenga el dumping y otras formas de competencia desleal, con el tipo de cambio alto antes propuesto, ayudará a controlar los precios en las ramas de actividad que presenten estructuras de oferta oligopólicas o monopólicas que no puedan resolverse con las políticas activas recién mencionadas.  La industria argentina, con el tipo de cambio adecuado, puede competir internacionalmente, como lo hace incluso hoy en muchas ramas, a pesar de las políticas que perjudican a la exportación.

Acuerdo de precios y salarios: previo a realizarlo, será necesario recuperar el valor real de los salarios, fuertemente deteriorado en los últimos años.  Pero luego de resuelto este, junto con otros desequilibrios de los precios relativos, un acuerdo así podría ser necesario por un tiempo para controlar la inflación, pues la carrera entre precios y salarios -aunque normalmente la pierdan los últimos-, es uno de los factores que la propagan.  Obviamente, el acuerdo no puede basarse en usar el salario como un ancla antiinflacionaria, porque si las mayorías pierden poder adquisitivo no hay proyecto de desarrollo posible; debería contemplar, además de la recuperación de la inflación, aumentos que puedan costearse sin traslado a precios, como ser participación de los trabajadores en los incrementos de productividad, en las ganancias, en la conducción de las empresas, etc.  Y por el lado de los precios, parece necesaria alguna política que procure terminar con los comportamientos especulativos y predatorios que se han generalizado bastante con la aceleración inflacionaria.  A tal efecto, justo es reconocer que los controles de precios no funcionan; pero probablemente se pueda inducir en el empresariado una actitud más responsable publicando un ranking que exponga a las compañías que aumentan los precios de manera injustificada, aprovechando la información que el estado tiene a raíz de los controles.  Las empresas suelen ser sensibles a su imagen pública, y, en un contexto de reordenamiento económico y de mayor racionalidad, probablemente esto que se propone las induzca a evitar aumentos injustificados.  El control de la inflación no se logra con anclas de ningún tipo, sino con políticas macroeconómicas sólidas y sostenidas en el tiempo, en el marco de un plan económico comunicado con claridad y que genere confianza e induzca comportamientos responsables en la sociedad. 

Desde 1945, la economía argentina osciló entre políticas económicas inclusivas, que buscaban el bienestar de la mayoría de la población pero fueron incapaces de lograr el desarrollo duradero del país, y políticas neoliberales, que deshicieron los logros de aquellas destruyendo a la industria, bajando el salario, y endeudando desmedidamente a la Nación.  Las primeras se aplicaron, con variantes, desde 1945 hasta 1975/76, logrando una tasa de crecimiento anual promedio por habitante del 2,28%, un tanto baja, pero aceptable.  Las  segundas prevalecieron fuertemente durante el período 1976/2019, reduciendo esa tasa, según el Banco Mundial, a sólo 0,56% anual, una de las más bajas del mundo.

Pero ambas vertientes ideológicas tuvieron en común el fracaso en lograr equilibrios macroeconómicos fundamentales, como ser el equilibrio fiscal, el de balanza de pagos, y el de los precios, es decir, baja inflación.  Con el FMI o sin él, estos equilibrios no se consiguieron, y cuando se pudo -con la Convertibilidad de Cavallo-, controlar la inflación durante casi 10 años, fue a costa de aumentar exageradamente los otros dos desequilibrios, el fiscal y el de las cuentas externas, y la deuda pública, descapitalizando además al Estado de manera colosal. El resultado fue el previsible: la cesación de pagos, devaluación brutal y desastre económico de los años 2001-2002.

Es hora de intentar algo nuevo.

(*) Licenciado en Economía- UBA

riosmaju@gmail.com