*Médico Veterinario Primero la Patria, Grupo Agroalimentario Nacional y Agroindustrial (G.A.N.A.)

Era la expresión, “pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, que el paisano utiliza para saber de donde surgen los problemas que a veces no tienen un origen claro. Quise comenzar esta reflexión para introducirnos en un tema que ocupa la mente de muchos, desvela a quienes han asumido compromisos de Gobierno y desespera a amplios sectores de nuestro pueblo: EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS.

Resolver el acceso a los alimentos y asegurar que el bolsillo de la gran mayoría de los argentinos alcance para cubrir sus necesidades ha sido el compromiso del Frente de Todos, en especial de nuestro Presidente, tanto durante la campaña, en el primer mensaje de apertura de las sesiones del Congreso, y a un año largo de haber asumido. Sin embargo, a pesar de haber reducido en un importante porcentaje el índice de inflación general que pasó del 53,8 % en 2019 al 36,1% acumulada a diciembre 2020; la suba de precios en los alimentos, en los mismos periodos, fue del 56,6% y del 42,1%,  notándose que los alimentos, producción basada en nuestra tierra, agua, sol y el sudor de los argentinos, tuvo un incremento sensiblemente superior al del resto de la economía, con impacto acrecentado en el año de gobierno del Frente de Todos (diferencial del 2,8% en 2019 y del 6% en 2020). En síntesis: durante el primer año de gobierno del Frente de Todos (FdT), la inflación de los alimentos fue más del doble que la del último año de Macri, a pesar de la caída de la actividad productiva, el consumo y los ingresos provocado por la pandemia.  ¿Esto es casual? En absoluto.

El poder económico concentrado sabe que el “talón de Aquiles” del FdT, como de cualquier gobierno de carácter popular, es el humor social, particularmente de aquellos que deben destinar más de las 2/3 partes de sus ingresos a la alimentación de su grupo familiar y que hoy representan más del 50% por debajo de la línea de pobreza. En síntesis, el aumento desmesurado y sin razón lógica de los precios de los alimentos son parte de una estrategia para debilitar al gobierno que tan sólo lleva un año de gestión, que asumió un país arrasado y, además, está enfrentando una pandemia que pone en el centro de su actuación resolver las carencias en materia sanitaria para preservar la vida. El malhumor popular, por otra parte, aumenta el poder de negociación de los grupos concentrados que seguirá intentando profundizar la deconstrucción económica, social y política del modelo de Nación que el peronismo propuso que iniciaron hace 65 años.

Vale la pena detenerse en algunos acontecimientos históricos vinculados al complejo alimentario.

En 1991, desaparece la Junta Nacional de Carnes y en 1993 la Junta Nacional de Granos por el mismo DNU (Nº 2284/91) de desregulación de los mercados, y como resultado del repliegue del Estado se privatizaron los puertos y el servicio de carga del sistema ferroviario. Casi simultáneamente, en el año 1996 se comenzó a desarrollar la introducir una semilla transgénica de soja modificada genéticamente que produjo una revolución tecnológica en el sector agroalimentario y agroindustrial, que reestructuró la matriz productiva, iniciando un acelerado proceso de concentración económica con desaparición de empresas emblemáticas y la aparición de nuevos jugadores que pasaron a controlar los mercados locales.

Lo expuesto es tan solo un punteo de un tema mucho más complejo y cuyo abordaje tiene dos caras: la deconstrucción de la actual estructura del sistema agroalimentario para ponerlo al servicio de los consumidores y la recuperación del salario para mejorar la capacidad adquisitiva de éstos. Los números dan la envergadura de la cuestión, un mercado que representa más del 50% del PBI y, al menos la mitad de la población que requiere de la ampliación inmediata de sus ingresos.

El diálogo del Gobierno con el Consejo Agroalimentario Argentino, para discutir medidas macroeconómicas que desacoplen, como se dice ahora, los precios internos de los internacionales y permita recuperar espacios de gestión soberana de la política económica no tiene sentido si, al mismo tiempo, no se fortalece a sectores productivos del campo argentino que han quedado al margen del proceso económico neoliberal, y a los que se les debe dar soporte para que alcancen la escala necesaria para intervenir en los entramados que van desde el productor al consumidor, garantizando precio justo para ambas partes. 

Para resolver las urgencias es necesario, como lo plantea nuestro presidente, de acciones que potencien el federalismo y el desarrollo local, con participación central de las organizaciones intermedias de la sociedad, productores, cooperativas y pymes, y la conformación de modelos asociativos que fortalezcan a la economía social, solidaria y popular (ESSYP). La comunidad asociativa organizada en articulación con el Estado (nacional, provincial y municipal) es el único dispositivo organizacional para asegurar la soberanía alimentaria.

Surge entonces, por una parte, la necesidad de organización de las organizaciones libres del pueblo y en su interior el fortalecimiento y la creación de nuevas unidades fructuosas de base rural, apoyadas en la necesaria infraestructura productiva, logística y comercial; y por la otra, un Estado puesto a su servicio, adquiriendo el carácter de ordenador y facilitador de las acciones privadas.

Otro aspecto importante relacionado con el Estado es el vinculado con los instrumentos de ordenamiento, control, gestión y regulación de la industria agroalimentaria; algunos de los cuales están siendo modificados para permitir la democratización del acceso a la actividad productiva, su institucionalización y legitimación, incluyendo el Código Alimentario Argentino y el Decreto 4238 de SENASA. Pero faltan algunos que, específicamente, impiden que diversos agentes económicos intervengan sobre la provisión a precios justos de alimentos a nivel local o regional, como la resolución 21E/2017 del Ex Ministerio de Agroindustria. Quizás, cuando esto ocurra y el chancho chifle aparezcan los dueños de tantos desatinos que impiden a los ciudadanos ejercer su derecho constitucional al trabajo.

Nada debería impedir que el Estado de una Nación Soberana como la República Argentina recupere su capacidad de actuar en favor de las mayorías; por las expresiones políticas del gobierno del Frente para Todos, la voluntad está, al igual que la energía y vocación de amplios sectores de la sociedad que desean acompañar ese proceso. A pesar del dueño del chancho, que luchará férreamente para mantener el estado actual de las cosas, el momento es ahora.