La negociación con el FMI por la deuda originada en el préstamo stand by del año 2018 incorporó un elemento no previsto por los analistas tradicionales: el cuestionamiento a la legitimidad de ese acuerdo por parte del gobierno argentino.
La revisión de las condiciones de ese acuerdo se discute en este momento en dos instancias diferentes. Una es el Departamento Técnico de Auditoría Interna del Fondo, que habitualmente realiza una evaluación ex post del programa acordado con cada país. A esta instancia se refiere el Ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando dice que en esa instancia “el gobierno nacional va a tener la oportunidad de expedirse al respecto, de dar su visión sobre esa evaluación; y el FMI va a tener la posibilidad de revisar aquello que se hizo en 2018 y que le provocó un daño muy importante a la Argentina”.
La segunda instancia es la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, que ya propuso tratar el caso argentino en su programa de actividades para 2021/22, y que ya recibió una misiva del bloque de senadores del Frente de Todos proponiéndole que lleve a cabo “una investigación exhaustiva” sobre el préstamo stand by de 2018 a la Argentina.
Y no sólo presentó dicha requisitoria, el bloque oficialista de la cámara alta le anticipó, además, sus propias conclusiones acerca de la “falta de sustento para determinar la sostenibilidad de la deuda”, la vulneración del Estatuto del Fondo y la inobservancia de nomas jurídicas de Argentina en la firma del acuerdo, y la intencionalidad política para acordar el préstamo, al sólo objeto de “satisfacer necesidades electorales del gobierno de Mauricio Macri, políticamente afín al expresidente Donald Trump”.
Los Senadores atacaron sin más el acuerdo stand by en su carta al FMI. El análisis que derivó en la carta del bloque al FMI en la cual condena el acuerdo stand by por irregularidades legales, inconsistencia económica, intencionalidad política y dañino por sus costos sociales y económicos, indica además que generó una deuda “impagable”.
Guzmán está en la misma sintonía del bloque: “auditoría interna y posibilidad de que el gobierno argentino intervenga con su propio alegato”, y cuando se le preguntó, si esto significaba que Argentina pudiera desconocer “total o parcialmente” el acuerdo, manifestó: “es una cuestión legal que se verá, no soy yo como ministro de Economía quien deba responderlo”. EL Ministro abre el abanico.
Dos manifestaciones, por cierto, poco usuales en medio de una negociación que se presume “amistosa” entre el equipo económico argentino y las autoridades del FMI encabezadas por Kristalina Georgieva. ¿Qué grado de coordinación hay entre ambas posturas? ¿Las expresiones del ministro de Economía, una figura referencial del gobierno de Alberto Fernández, van pautadas en el mismo libreto que sigue el bloque de senadores, donde la voz dominante es la de Cristina Kirchner? ¿Trabajo en paralelo o dos frentes de ataque?
Aunque es el Ejecutivo, a través de su ministro, el que se sienta a la mesa de negociaciones y administra las políticas y sus tiempos. Los Senadores con el timón de Cristina definen posiciones.
El acuerdo de crédito que le otorgó Lagarde a Macri no le dio mayor liquidez a la Argentina, no ingresó “dólares frescos” al país que iba a heredar el gobierno que ganara las elecciones de octubre de 2019. No. Se fugó en sus distintas variantes de salida: pago de intereses de deudas anteriores, desequilibrio comercial, huida de capitales especulativos, y envío de divisas al exterior vía transferencias autorizadas de mil ingeniosas formas diferentes.
El más fabuloso robo patrimonial al país que lo condena a sufrir las consecuencias para gobiernos y generaciones posteriores. Cambiemos lo generó. El FMI lo hizo posible. Por su posición y cuota en el FMI, Argentina no podría haber podido acceder a un crédito mayor a 22 mil millones de dólares en 2018. Recibió el doble (45.000) y se le había otorgado dos veces y media lo que le correspondía (57.000 millones). La diferencia no llegó a desembolsarse ante la debacle anticipada del gobierno de Macri.
La nota de los Senadores Peronistas señala, “es imposible comprender cuál fue la evaluación” que consideró posible que en 2022 y 2023 el país pudiera destinar 19.000 millones de dólares en cada año sólo al pago de compromisos con el FMI, aparte de otras deudas con el exterior y otras transferencias.
Si tenemos en cuenta que Argentina reprogramó sus compromisos externos privados con vencimientos “fuertes” a partir de 2025, resulta que no alcanzaría con postergar cuatro años los pagos y cargarnos de compromisos desde 2025 en adelante con obligaciones con el FMI. Por donde se mire el pago de la deuda es imposible ni siquiera con un acuerdo a 10 años posteriores al 2025, porque implicaría renunciar al crecimiento. Hay que trabajar diferentes hipótesis de negociación.
Fue una decisión política la que tomó el FMI al respaldar a Macri. Hace falta otra decisión política del Fondo.Lo que está sugiriendo ahora el gobierno argentino, es que el organismo se haga cargo de su grave error y las consecuencias.