En abril del 2007 y luego de una investigación desarrollada en Corrientes durante 2 años por Pablo Andrés Vassel, abogado e integrante del Ateneo Liberación, denunció en el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego) la existencia de soldados argentinos víctimas de torturas, vejámenes, hambre extrema, muerte por inanición y asesinato cometidos por algunos de sus superiores.

Ante instancias judiciales que cerraron puertas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde 8 años después, declaró admisible el reclamo y examinará los pormenores del caso.

En 2007, un exconscripto presentó la primera denuncia por los tormentos que había sufrido durante la guerra de 1982. El juzgado de Río Grande comenzó a investigar. Sin embargo, en 2009, el militar retirado Jorge Taranto reclamó que se declarara que los posibles delitos habían prescripto por el paso del tiempo. Ni el juzgado ni la Cámara de Comodoro Rivadavia aceptaron el pedido de Taranto.

El tema escaló hasta la Cámara Federal de Casación Penal donde le dieron la razón a Taranto: los padecimientos de los soldados no pueden ser contemplados como delitos de lesa humanidad –como sucede con los crímenes que se cometieron durante la dictadura– por lo tanto, ya no habría posibilidad de perseguir a sus responsables por el paso del tiempo.

En 2015, la Corte Suprema rechazó los planteos contra la decisión de la Casación.  “No podemos pasar por alto las torturas y los vejámenes que sufrieron nuestros combatientes en Malvinas cuando fueron a dar la vida por la patria, por todos nosotros”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner en su último discurso de apertura del año electoral. “Creo que tienen que ir a la CIDH para reclamar por las torturas y vejámenes. No pueden quedar impunes”,  aconsejó desde la Asamblea Legislativa.

El CECIM acudió a la CIDH. Hizo su presentación el 20 de mayo de 2015.  Los peticionarios sostenían que el Estado argentino había violado los derechos humanos de los excombatientes y de sus familiares primero con las torturas y después con la demora injustificada a la hora de investigar.

El Estado argentino recién respondió al traslado de la CIDH en febrero de 2019  durante la gestión de Mauricio Macri. La respuesta fue que la petición no debía ser admitida por dos argumentos básicamente. En primer lugar porque las torturas habían tenido lugar en 1982 y, para entonces, la Argentina no había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y aceptado la competencia de la CIDH. En segundo lugar, sostuvo que había investigaciones que estaban todavía en marcha por torturas en Malvinas.

En línea contraria con esa postura estatal, la Comisión consideró que el planteo del CECIM merecía ser analizado. En el informe de admisibilidad, los comisionados recordaron que las torturas a los conscriptos se dieron en un contexto de dictadura militar. 

“No vamos a parar hasta que los militares que torturaron a los colimbas, a los pibes de Malvinas, den explicaciones y sean condenados”, dice el abogado Jerónimo Guerrero Iraola. “A 41 años, desde el CECIM seguimos afirmando que la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico-militar”, concluye.

Pablo Andrés Vassel expresó que “espera que este acontecimiento sirva para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida terminar su dilatorio, inexplicable y vergonzoso silencio, resolviendo conforme a derecho, para avanzar con la delimitación de responsabilidades penales. A casi 19 años de impulsar la investigación, ratificamos la necesidad de acompañar a cada víctima en la búsqueda de Verdad y Justicia”.