La Flota Mercante de Argentina nació durante la Segunda Guerra Mundial, a raíz de que el conflicto bélico había generado perjuicios a la producción de bienes y su exportación en el país.

Uno de los problemas más graves que se habían presentado era la escasez de bodegas para transportar los productos argentinos a los mercados exteriores e importar los insumos indispensables para la industria nacional.

En septiembre de 1941 por Ley del Congreso Nacional se creaba la Flota Mercante del Estado Argentino que por Decreto N° 103.316, se lo establecía como organismo autónomo, en la jurisdicción del entonces Ministerio de Marina.

A fines de 1942 la Flota Mercante Argentina explotaba cuarenta y dos barcos, afectados todos ellos al servicio de ultramar, con un personal de 15.000 trabajadores, de los cuales el 90 % eran argentinos nativos.

Mientras la marina mercante mundial creció desde 1939 a 1951 en un 31%, la marina mercante argentina aumentó en el mismo periodo un 286.6%. Este fue uno de los mayores crecimientos registrados por una marina mercante.

Tras el sangriento Golpe de Estado de 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora decidió desprenderse de la mitad de la flota, conservando solo los buques más antiguos, lo que disparó el precio de los fletes argentinos, perjudicando así las exportaciones al hacer perder competitividad a la fuerte industria argentina y ya en 1997 se vendieron los últimos seis buques, desapareciendo así ELMA y toda la Marina Mercante argentina. Esas medidas provocaron casi la pérdida de la soberanía en el sector y también la destrucción de la flota estatal de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y de la ELMA.

Cabe recordar que La Flota Mercante del Estado (FME) y la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU), ambas estatales, se fusionaron el 30 de septiembre de 1960 creándose ELMA, Líneas Marítimas Argentinas a través de la ley 15.761 siendo sus Estatutos aprobados por Decreto 3132/61 del Gobierno del Presidente Constitucional Arturo Frondizi.

Así desde el año 1997  a la fecha la República Argentina ha perdido participación en el flete, participación esta que no llega ni al 10 % de la carga que se moviliza por la Hidrovía Paraná Paraguay, sin tener en cuenta la carga de ultramar de la cual no existe participación directamente de la flota argentina; siendo que cuando a ello me refiero no hablo de una flota estatal; ni siquiera flotas que pertenezcan capitales argentinos participan de ello.

La falta de bodegas y fletes nacionales implica que la argentina transfiere divisas anuales de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por flete que a su vez depende de la mayor o menor cosecha para poder sacar así sacar esa producción de materia prima hacia los mercados internacionales, mercados estos en los que se participa con el precio internacional de los comodities menos el costo interno del flete carretero (que es caro) y menos el costo del flete internacional marítimo que son devisas que sales de país cuando podrían ingresar conjuntamente con las que genera la producción agroindustrial.

Los costos que la Argentina debe soportar para la exportación de sus productos son divisas que año a año se fugan de los bolsillos de nuestras empresas y nuestros productores por carecerse de una política que incentive la actividad y sobre todo la industria naval, dañando con esto la matriz productiva de la república.

En la Argentina, desde unos años a esta parte, es imposible para el empresario construir un buque por sus costos y sus ínfimos beneficios impositivos, lo cual ha llevado a que las empresas de transporte en Argentina se concentren en el transporte terrestre o carretero; que justamente es el más caro, oneroso y contaminante y aquellos capitales que podían invertir en dicha industria han migrado amparados en las leyes de bandera.