Introducción. Conceptos a utilizar.
De forma introductoria, es necesario exponer que la mejor manera de comparar y evaluar el financiamiento y deuda de un país, provincia o municipio; es en base al Producto Bruto Interno (PBI), como también a los Ingresos que obtengan los mismos. Básicamente, se mide en términos relativos, ya que establecería la capacidad o espalda del deudor para afrontar la deuda; si es un país su producto, en cambio, una sociedad serían sus resultados. La explicación del por qué no medirlo en términos absolutos, y es simplemente que al haber inflación, subiría el precio y aumentaría la deuda, no se podría comparar eficientemente con otros periodos de tiempo o con otros países. Para tener un entendimiento a lo largo del presente se conceptualizara algunos términos.
El marco legal de la deuda pública se encuentra enmarcada por la ley ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL (LAF) 24.156 de 1993 que define las características, límites y alcances, como también los sistemas de control de la deuda pública de la Argentina. Las provincias se encuadraron con una regulación similar a la mencionada. Dicha normativa define al crédito público como la capacidad del Estado de endeudarse para captar financiamiento.
Deuda pública interna y externa, y directa e indirecta. La deuda interna es la deuda contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en el país y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Por su parte, la deuda externa es la deuda contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en el país y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio. Por su parte, la deuda directa es aquella asumida por la administración central y las administraciones provinciales en calidad de deudor principal, en tanto que la deuda indirecta es la constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la administración central y las administraciones provinciales, que cuenta con su aval, fianza o garantía.
Endeudamiento de la Nación Argentina.
La política de desendeudamiento que se aplicó se basó en grande medida por superávit fiscal y balanza de pagos positiva, en el cual; la proporción de deuda en dólares se achicó y empezó a haber más deuda en moneda local (en 2001 solo el 3% de la deuda era en pesos, para 2015 representaba casi un tercio del total). Ahora bien, para abocarnos al endeudamiento de Argentina en la última gestión del kirchnerismo llego en el año 2011 con un 38,9% del PBI, el pico mínimo de los mencionados; dejando su mando en el 2015 un 52,6%, aunque de ese número alrededor del 60% el acreedor era el sector público, que significa devolución en pesos, fácil renovación y se va licuando con los años.
Pero que cómo siguió la misma con el cambio de gobierno, en resumidas cuentas el primer año de Macri, emitió bonos para pagar los holdouts -aquellos poseedores de bonos que no habían ingresado a los canjes de deuda de 2005 y 2010- por alrededor de unos U$S 9.300 millones para salir del default. Luego, hay un hecho puntual y muy curioso que es la deuda centenaria del entonces Ministro Caputo, lo singular de la emisión de títulos públicos con esa duración, es que el cupón de pago de intereses fue del 7,125% anual, pero se convirtió en un interés real del 7,9% en dólares siendo una tasa bastante alta, un ejemplo para comparar es el bono de México 2110 que rinde una tasa menor a 5,8% aprox. La pregunta sería porqué se autorizó un bono tan largo y a esa tasa teniendo abierto el mercado externo de capitales, para buscar simplicidad se debe a un tecnicismo de la Ley de Administración Financiera (LAF) 24.156 en su art. 60 donde establece que las operaciones de crédito público de las entidades de la Administración Nacional deben ser autorizadas por la ley de presupuesto o por una ley específica que debe indicar como mínimo las siguientes, tipo de deuda (interna o externa), monto máximo autorizado, destino del financiamiento y por ultimo incluye “el plazo mínimo de amortización”, pero no aclara sobre el plazo máximo de las operaciones de crédito. Por lo tanto, el decreto 29/2017 presidencial implementó dicha autorización facultando al Ministerio de Finanzas a emitir títulos públicos por hasta U$S20.000 millones y Caputo dictó la Resolución 97-E/2017 y dispuso la emisión del bono de cien años de duración. Corriendo el 2018, Argentina necesita un vuelve al FMI mediante distintos desembolsos que totalizaron unos U$S 44.679 millones y teniendo un stand-by (también llamado acuerdo de facilidades extendidas) de U$S 5.400 totalizando un valor de U$S 50.000 millones, no es una suma baja ni mucho menos – se volvió el principal acreedor mundial del organismo -, es el mayor monto prestado a un país en la historia del Fondo Monetario; se debería devolver por la utilización de esos fondos casi U$S 53.000 millones, para tomar como referencia lo prestado es más del doble del monto tomado en el año 2000 por la gestión de De La Rúa. Se puede inferir que si la deuda (o acuerdo) es aproximadamente de 1.110%, monto según COMUNICADO DE PRENSA NO. 18/245 de FMI, de la cuota de Argentina en el Fondo aportada como país miembro por los tres años del stand-by es de excepción o extraordinario. El Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central de la República Argentina son los que emitieron la nota de pedido solicitando a la Directora Gerente del FMI Christine Lagarde a mediados de junio del 2018. Se fundamenta la autorización mediante las firmas de Dujovne y Sturzenegger por el último párrafo del art. 60 antes mencionado “…Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte”. Según los datos del Ministerio de Hacienda la deuda pública total a finales del 2019 representa alrededor del 81% del PBI, en la cual la misma corresponde en un 62% a moneda extranjera, donde previo al mandato de Macri la deuda representaba un 52% y en la cual un 36% era en divisas.
Hay una frase de Stiglitz (2001) “La crisis argentina debería hacernos recordar la imperiosa necesidad de reformar el sistema financiero mundial, y por una profunda reforma del FMI es por donde deberíamos comenzar”. Donde se vio reflejado por el préstamo otorgado hacia Argentina, que es imprescindible una reforma del Fondo, entre otros actores. El fundamento esencial de la reforma es que no puede sentar posición para favorecer medidas que perjudiquen al país, como tampoco, sostener un pensamiento ideológico como busco hacerlo con la gestión de Macri. No es dato menor, que nunca aprobó un acuerdo Stand-by tan grande como lo hizo en el 2018.