Sólo paso un mes desde que Milei, que es parecido pero muy diferente a Mi Ley, asumiera como presidente y dejara perplejos a muchos de los legisladores al darles la espalda en su discurso “inaugural”, diputados que hoy soportan cualquier insulto y están dispuestos a votar lo que se les ponga por delante. Algunos esgrimen las más pueriles excusas, los republicanos de ayer hoy son monárquicos. Claro no son todos hay muchos, muchísimos, que no están dispuestos a rifar su historia ni los intereses de la Patria, no sabemos si alcanza el número para rechazar el mamotreto completo, DNU y proyecto de Ley. Hay que intentarlo, mientras tanto el pueblo un poco inorgánicamente en algunos casos sale a cacerolear y en otros más organizadamente proyectan el paro del 24 E.
Nos quieren trasmutar, pasando de ser ciudadanos libres a ser meros “súbditos” del poder y todo ello al grito de Viva la Libertad Carajo. No cuestionamos que estamos en un Estado de Derecho, porque participamos activamente en su obtención, allá hace 40 años, nos lo hemos ganado a pulso, en la calle, a pesar de los horrores de la dictadura, con las Madres a la cabeza, trabajadores y organizaciones acompañando, con avances y retrocesos, con triunfos y derrotas. También reconocemos que nuestra democracia necesita alguna “costura” que mejore su funcionamiento, pero hoy la cosa pasa por la forma de ejercicio del poder.
Si vemos como un Diputado de los Libertarios, Presidente de una Comisión representando a un mono bloque, ofrece cárcel o balas para otros diputados, o más simple que eso los trata despectivamente, corta micrófonos, hace alarde de una manifiesta misoginia, amenaza y gritonea para imponer un sin sentido, nos preguntamos cuál es la posición en la que se encuentra el simple ciudadano, ese que llaman de a pie, los que no tenemos nada frente al ejercicio de los “poderes públicos”, y esto es válido para el Presidente, la hermana, la Canciller, la Ministra de Seguridad o un simple Diputado, ah me olvidaba el Vocero. Lo decimos así de simple, porque entre todos ellos nos están amargando la vida en lugar de intentar al menos hacer de la sociedad un lugar apacible de convivencia. Amén de los gritos y las amenazas, la hiperinflación que no les interesa contener.
Buscando argumentos caemos en aquellos tan conocidos conceptos de legalidad y legitimidad, que no son necesariamente, significantes contrapuestos, pero vienen a significar cosas y puntos de vista diferentes en relación con el derecho y la política. Así, la legalidad del gobierno está dada porque originariamente fue elegido por el sistema que nuestras leyes establecen para ello y en ese sentido es absolutamente legal, como también lo son los legisladores. Pero legalidad también significa el sometimiento de una determinada conducta a lo que prescriben las normas, sea cual sea el rango de estas (ley o mero reglamento). Si una conducta, por ejemplo, decir que los legisladores son coimeros y no denunciarlos teniendo obligación formal de hacerlo, no se acomoda a lo prescrito en las normas, se dice que esa conducta es “ilegal” y, eso no es todo, también es ilegal acomodar las leyes para quienes están impedidos de ser funcionarios lo sean, la hermana no podría haber sido Ministra o Barra Procurador del Tesoro. Y escarbando hay muchísimos ejemplos más, en tan solo un mes. La legalidad tambalea, aunque podamos reconocer que el origen reciente de la misma le da “cierto margen para jugar en los márgenes de la ley”.
La legitimidad es más difícil de definir, dejemos de lado los aspectos jurídicos de la legitimidad para no confundir. Para la política, también está la originaria que se relaciona directamente con la cantidad de voluntades que le dieron al gobernante la posición que ocupa, pero no podemos olvidar la legitimidad de ejercicio, que podemos describir como la capacidad de un poder para obtener obediencia de la sociedad sin recurrir a la coacción como amenaza de la fuerza, pudiendo decir, entonces, que un Estado es legítimo si los miembros de la comunidad aceptan la autoridad vigente sin necesidad de miles de policías en la calle impidiendo y reprimiendo manifestaciones públicas o las propias amenazas de una Ministra, “el que corta además de cárcel no cobra”.
Entonces, podemos decirque la legitimidad es el consenso, o al menos reconocimiento, del pueblo respecto de la actuación del Poder Público y nos remite necesariamente al contenido ético de las conductas del gobernante y también de las normas que se pretenden aplicar en relación al sujeto social que ha de soportar su aplicación.
Cualquier intento de suprimir la legalidad o la legitimidad e ignorar sus diferencias, lesiona gravemente a la democracia y al Estado de Derecho, el sistema político se torna fatalmente totalitario, el mantenimiento del equilibrio y los límites sostiene el sistema político democrático.
A sólo un mes de gobierno, aunque el 24 va a ser un mes y medio, el país se para. Los trabajadores, todos ellos, los que están en el esquema del sistema formal, los trabajadores de la economía popular, los trabajadores desocupados, jubilados, los inquilinos, la cultura, intelectuales, trabajadores manuales, técnicos, científicos, reconocidos por el sistema registral o no, los que construyen la riqueza de un país paramos. Esta vez no solo es un derecho, es una obligación.
Todos y todas nos movilizamos con nuestras organizaciones o sin ellas, para que el gobierno entienda que, aun reconociendo su legalidad original sin medias tintas, ya ponemos en crisis su legitimidad en el accionar. Mucha historia se construyó para obtener derechos, muchos entregaron su vida por una Nación soberana, libre y más igualitaria. Que aprendimos en mayo de 1810 el concepto de Patria, en julio de 1816 el de Independencia, que en 1853/60 fuimos Nación, con Irigoyen tuvimos el primer gobierno legítimo y popular. Que Juan Perón nos enseñó entre otras cosas que solo el pueblo salvará al pueblo, somos lo que construimos, y que no permitiremos el enajenamiento ni de derechos ni de la Patria.