En 1945, terminada la guerra mundial, con una Argentina tratando de salir de una década llamada “infame” por la corrupción imperante, a través de las prácticas del fraude, los negociados y la falta de libertades, con un conflictivo ambiente político, económico y social, nació el Peronismo que conjugó los valores de los trabajadores argentinos y la empresa nacional con una fuerte injerencia estatal igualadora. El Peronismo comenzó el desarrollo de un sistema económico, político y social avanzando en reformas estructurales para superar la democracia liberal.

La libertad y la igualdad, dos principios liberales por excelencia mantienen una relación estrecha entre sí a tal punto que es habitual escuchar que no hay libertad sin igualdad frente a la ley y no hay igualdad sin libertad para todos. A ello, el Peronismo le agrega como condimento esencial la Justicia Social, la que debe ir acompañada por la soberanía política y la independencia económica.

Pobreza e igualdad son incompatibles, sin Justicia Social no hay igualdad ni libertad. Estos principios hacen compleja la resolución de las dificultades sociales. ¿Cómo luchar contra la pobreza? ¿Cómo tener menos pobres en el país? ¿Cómo movilizar a grandes masas en la pobreza a un estado mejor de cosas? Claro está, sin desmotivar o desestimular a quienes ya gozan de un estado de bienestar, porque el desigualante, el poderoso, el dueño de los medios, el que quiere mantener el estado de las cosas, trabaja sobre el asalariado medio infundiéndole miedo. Cuando una familia vive con el riesgo de regresar a la pobreza por cualquier causa, perder el empleo, una mala decisión, una enfermedad etc., es de esperar respuestas sub óptimas en cuanto a la elección o el voto.

La pobreza es un fenómeno multidimensional y como tal debe medirse. Resulta no sólo de los bajos ingresos o la falta de ellos, sino de la falta de acceso a los derechos sociales a los que todo ciudadano es acreedor. Esta condición presenta una estrecha relación con la falta de oportunidades que deberían facilitarle a las personas salir de tal situación.

El objetivo del gobierno en su relanzamiento debe ser crear rápidamente un sistema de solidaridad de quienes producen competitivamente para que de manera justa paguen salarios y generen transferencias para el Estado, que redistribuiría ese ingreso (o emitiendo) entre quienes carecen de todo. El propósito inmediato es crear un círculo virtuoso de salarios crecientes, consumo creciente y producción lucrativa. ¡Todos ganan!

La intención Peronista no puede asentarse en un sistema de clientelismo permanente que atente contra la dignidad del individuo. No puede ser asistir de manera eterna a todos los pobres, porque el principio es que el trabajo justamente remunerado es lo que dignifica y además porque el resto de la sociedad “no puede sostener” (políticamente hablando) ese esfuerzo.

No se puede tener un discurso de “piadosa indignidad”, eso es conservador no peronista. Para entender bien a que me refiero, no alcanza con denunciar los abusos de la violencia que produce el hambre, la exclusión, la desocupación, los abusos represivos o la amenaza de ellos, hay que ir a la médula del problema como son (entre otros) los mecanismos de producción, de explotación y de dominación cultural.

El éxito de las transferencias estatales requiere suprimir la burocracia de las agencias estatales y dejar la mayoría de los recursos para generar asistencia solidaria. Impuestos y contribuciones para atender los problemas nunca pueden ser contemplados como generadores de burocracia estatal o que en las instituciones de asistencia o previsión social se dieran prácticas planeadas de desperdicio, corrupción, robo, desviación o clientelismo con dichos recursos.

Se considera en la estadística oficial que una persona está en situación de pobreza cuando tiene un ingreso menor a la línea de bienestar (valor mensual total de la canasta alimentaria y no alimentaria), y no se piensa muchas veces en la carencia de los derechos sociales: educación, salud, vivienda, seguridad social, salarios justos, jornadas máximas, servicios básicos y alimentación sana y proteica. Si bien, es posible definir líneas de “bienestar mínimo” que nos permiten cuantificar el “número de pobres”, es importante comprender que dichas líneas son fronteras arbitrarias. En la vida real, un individuo puede transitar en un continuo ir y venir, entre la pobreza extrema, la vulnerabilidad y la no pobreza. Comprender esa inestabilidad laboral, económica y social es central para entender el efecto dañino de la pobreza no sólo en la vida de las personas sino también en el crecimiento económico del país.

La evidencia muestra que, si bien la política social ha sido “exitosa en reducir las carencias sociales”, la mejora en el ingreso es marginal y muy dependiente de la evolución de la inflación. La política social es inhábil para aumentar el ingreso de los más pobres de forma sostenida, por la falta de acceso a trabajos formales, la carencia por lo tanto a la seguridad social y a sistemas educativos y sanitarios mínimos.

La distribución de la población en torno a su nivel económico, luego de las dos pandemias, muestra un aumento de la pobreza y un temor creciente de aquellos que están en el límite de traspasar la línea. Podemos entonces preguntarnos ¿Sirve de algo el presupuesto que cada año se le otorga al Ministerio de Desarrollo Social para reducir la pobreza?

La política social, así como está diseñada no va aumentar el ingreso monetario de las familias, ni el acceso a nuevos derechos o el mantenimiento de los actuales (poco interés tiene en las políticas indemnizatorias y luchar por ellas, aquél que no tiene trabajo formal) necesitamos una nueva visión para el combate a la pobreza en Argentina. Hay que repensar las hipótesis para salir de la pobreza más allá de mantener y diseñar nuevos programas asistenciales. Salir de la pobreza no puede ser una materia ajena al modelo de desarrollo que se piensa para el país, las políticas económica, productiva y laboral surgen como aparatos estratégicos para incluir a los más pobres en el mercado laboral formal.

La correcta determinación de las causas y disparadores de la pobreza debe llevar a intentar las soluciones, a los ya mencionados derechos sociales hay que agregar una buena infraestructura pública y el contralor indispensable de la producción y la productividad, sobre estas áreas el Estado debe intervenir activamente. El Estado no puede ser el árbitro pasivo del liberalismo sino el activo interventor de una democracia social.-