En la madrugada del 24 de marzo de 1976, bien dicho entre gallos y medianoche, el gobierno constitucional fue destituido. La presidenta y los gobernadores detenidos. Las casas de gobierno ocupadas, fueron tomadas todas las estaciones de televisión y radio; el congreso fue disuelto, la corte reemplazada, las organizaciones políticas prohibidas, los sindicatos intervenidos, las obras sociales usurpadas. Se implementaron el Estado de Sitio y la Ley Marcial, y se estableció el patrullaje militar en todas las grandes ciudades, como garantía de control y seguridad poblacional. Durante ese primer día, cientos de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y militantes políticos fueron secuestrados de sus hogares, lugares de trabajos, la calle y áreas de estudios .

Pero el atropello no paraba ahí, la dictadura militar y sus cómplices civiles que cogobernaron, olvidaron la nación para conseguir su interés. Así el país que debe ser síntesis de todas las voluntades, se transformó en un paraíso de negocios para unos pocos y un banco de prueba para el poder imperial. Como consecuencia de ello el sector productivo fue casi anulado, desnaturalizado el crédito oficial, se destruyó a la industria nacional, fueron avasalladas las economías regionales, subordinando la capacidad de gestión a intereses extraños.

El nacimiento, durante la dictadura, de los organismos de derechos humanos, lugar de confluencias de las experiencias de los familiares de las victimas, no sólo se hermanaron para testimoniar, sino para construir desde ahí los espacios de memoria y resistencia, que perdura hasta el presente después, de 46 años.

La consigna de Memoria Verdad y Justicia, que las organizaciones de DDHH y los familiares de las víctimas del terrorismo de estado usaron en la interminable lucha que desarrollan, son mucho más que palabras, encierran dolor, ausencia y muerte. Comprenden, además del compromiso de sanción para los responsables de crímenes atroces, la obligación de evitar que vuelva a suceder. Un desafío hacia el porvenir.

La memoria no puede ser nada más que la repetición año tras año de lo que pasó en ese tiempo a lo largo y ancho del país, como un relato puntual del horror, debe ser más abarcante para que la memoria se convierta en conciencia nacional; debe ser un acto de recreación del pasado, desde la realidad presente y el proyecto de futuro. Lugar desde donde hoy confluyen y nos acompañan, diversas voces de memorias subterráneas, y donde debemos interrogar al presenta y al pasado. Porque no es posible garantizar los derechos humanos, si no es en el contexto de un poder político, que como estado respalde esa realización.

Hoy por hoy, ese marco de poder político garante, aún es deficiente y se siguen violando derechos colectivos e individuales; lo atestiguan las marchas de diversas organizaciones sociales que están luchando por su reconocimiento y reclamando justicia.

Por último, aunque el tema es inagotable, comprendiendo que la memoria colectiva se construye desde el conjunto; que no es patrimonio de ningún movimiento, partido o agrupación; hay que resaltar, especialmente en Corrientes, la importancia de resguardar los espacios conmemorativos, aquellos donde existieron centros clandestinos de detención o campos de concentración, cuidarlos, restaurarlos para preservarlos del paso del tiempo y que sirvan de museos, de escuelas democráticas, de espacios de memoria, donde las nuevas generaciones comprendan el sentido inmortal de esas palabras, NUNCA MÁS, SON 3O MIL, DÓNDE ESTAN?.-