En período de receso del congreso de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura que actualmente tiene 13 integrantes (tres jueces, seis legisladores, dos abogados, un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico), por considerar que se viola el equilibrio que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional.

Es una causa que tiene más de quince años de recorrido judicial y la Corte demoró seis años en expedirse. Ahora, le pide al Congreso que sancione una nueva ley en un plazo de 120 días, en periodo de receso legislativo, insistimos en eso, por la importancia de que los 120 días se vencen en abril y el congreso vuelve a sesionar ordinariamente en marzo. Si eso no se logra, deberá volver a la composición de la ley anterior, que establece veinte miembros y fija que el presidente de la Corte Suprema de Justicia es también quien preside el Consejo de la Magistratura.

Indudablemente se trata de un acto más de “empoderamiento de la propia Corte” que ya demostró a qué intereses políticos y económicos responde. Se pretende el control absoluto del Consejo de la Magistratura.

Es imperioso transcribir lo que dice el artículo 114 de la Constitución Nacional, porque no hace falta ser un avezado profesor de derecho para darse cuenta de su importancia y que es lo que se pretende con su control. Dice el Art. 114 ( lo destacado pertenece al autor): El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Serán sus atribuciones:

1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.

2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.

3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.

4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.

5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente.

6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.

Llama poderosamente la atención que después de tantos años la Corte Suprema decida la inconstitucionalidad de la ley en función de la composición del Consejo de la Magistratura. Si los Supremos guardaron tantos años el expedeinte considerando que la composición era inconstitucional habrían incurrido en una gravísima omisión, porque permitió que funcionase un órgano de tanta importancia en forma inconstitucional sin inmutarse ni darse la menor prisa en resolver la cuestión. Esta observación ya basta para marcar la “jugada política” de los “imparciales”.

El Tribunal resolvió sobre el “equilibrio”, que la Constitución no define y por tal puede ser interpretado como lo hace la Corte o de muchas maneras más de acuerdo al buen entender del interprete que puede tener más o mejores razones.

Se trata de un campo de arbitrariedad y lo que llama la atención es que la Corte Suprema haya pasado tantos años meditando qué es “equilibrio” sin decidirse. Esta clara cuestión política es lo que suele denominarse “cuestiones políticas no judiciables” que escapa al control de los jueces, lo que no es un absoluto, pero claramente este caso en que la Corte demoró 6 años en interpretar “equilibrio” no es una situación en que la ley es un absurdo antidemocrático o antirrepublicano.

La pretensión de la Corte, es que no se sancione ninguna nueva ley y para ello cuenta con la complicidad de la oposición, y de ese modo, asumir la presidencia y el control del Consejo de manera más corporativa, donde seguramente disminuirá la representación genuina de los representantes populares (diputados y senadores), el fallo claramente subestima el origen democrático de este sector.

Mientras se habla de que los jueces no deben ser vitalicios, que debe optarse de nuevas maneras de designación, de la eliminación de privilegios, de la falta de imparcialidad, de las persecuciones judiciales y por otra parte de las impunidades, de la necesaria reforma judicial, la corte marcha en sentido contrario. En un momento de alto desprestigio público de la justicia y de una particular y notoria situación de la Corte, estos manejos de poder lastiman la institucionalidad republicana y democrática. Ahora la Corte quiere intervenir en la designación y remoción de jueces, con eso poner sobre todos los magistrados una espada en la cabeza. Si no se logra sancionar una nueva ley, cosa improbable, la Corte pondría en vigencia una ley ya derogada, algo absolutamente inadmisible.

Esto que hace la Corte afecta a todo el poder judicial, porque muestra una irracionalidad mas del máximo organismo, no existe en ningún país democrático del mundo una concentración de poder tan grande en tan poca gente, tres hacen mayoría para tener cautivas las instituciones. No contentos con ello lo quieren incrementar haciéndose con el control del Consejo de la Magistratura.

“BASTA DE INJUSTICIA, LAWFARE Y FAKE NEWS”

En un contexto de creciente judicialización de la política las fake news no sólo son noticias falsas, sino que también son socias del lawfare. Por ello el Frente de Todos, o al menos sectores identificados con el sector, convocan a movilizarse en repudio a la Corte Suprema de Justicia. El hartazgo popular llegó a su límite, no puede una institución de la República, la cabeza de Poder que debe garantizar los supremos derechos individuales y sociales y ser garante del equilibrio constitucional, erigirse en un suprapoder que domine la política y tenga en jaque a la Nación saboteando la democracia y pisoteando la república.

Hay límites que el gobierno de Mauricio Macri superó, designando los Cortesanos por decreto, no respetando la paridad de género, barriendo con todo lo que se había avanzado e imponiendo la manipulación política al Poder Judicial, protegiendo el poder mediático hegemónico persiguiendo al opositor, promoviendo causas sin sustento para la persecución política, encarcelando y sometiendo a todo tipo de agravios a quienes no conjugara con el pensamiento apropiador. Espías, causas inventadas, protección e impunidad para los amigos. Imaginemos por un instante qué hubiera sucedido y qué hubiera manifestado el poder mediático si la ex Presidenta veraneaba con el Presidente de la Corte, o se reunía tomar café con el Procurador de Buenos Aires, o era visitada asiduamente por los jueces de casación o “jugaba tenis con otros”. Y qué hubiera dicho la Corte ante esos hechos. La Corte manejaba las escuchas telefónicas, que convenientemente editadas inundaban los programas televisivos. Son innumerables las situaciones en que la Corte intervino mal, no intervino o miró para otro lado. Eso genera hartazgo.

Que el Frente de Todos o mejor dicho el gobierno, se mostró políticamente ingenuo es absolutamente cierto. Que la reacción es casi tardía y por imperio de la militancia, también lo es, pero debemos convenir que siempre es tiempo para corregir. Hoy sus votantes, su pueblo en la calle se lo va a pedir. Por eso es doble el mensaje, para la Corte que sepa que no puede bajo códigos mafiosos hacer lo que quiera y también para el gobierno mostrándole apoyo y exigiéndole firmeza y coherencia.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se sumó al repudio Macrista a la marcha contra la Corte Suprema de Justicia y que es convocada por diferentes sectores políticos, para el 1 de febrero.

En sus redes sociales Valdés dijo que “la embestida contra la Corte Suprema de Justicia es un ataque al sistema republicano de división de poderes y el Presidente de la Nación, es quien más debe entenderlo”.

Lo que pareciera olvidar el Gobernador correntino es que la Justicia provincial atraviesa tal vez la mayor crisis de la historia. Crisis de legitimidad, de probidad, en la que perdió su autonomía y hasta la autarquía financiera, permanentemente avasallada por el “poder político”. Donde el sistema republicano no existe, ni aún con mayoría absoluta en la cámaras legislativas se designa al Fiscal de Investigaciones administrativas, la Defensoría del Pueblo está vacante, los organismos del estado todos intervenidos, el Fiscal General es jefe de los Defensores oficiales, contradiciendo la ley y a la propia Corte.

La paridad de género en el Superior de la Provincia bien gracias. Ojalá se mostrara igual de preocupado por la ilegítima e ilegal deuda contraída por el gobierno nacional macrista que a viento y marea apoyó y hoy hiciera, alguna breve manifestación aunque mas no sea, por la Mesa Judicial, las escuchas ilegales y la impunidad macrista.

Si la Corte quiere jugar en la arena política, debiera someterse también a la voluntad popular, no sólo modificando el sistema de selección de jueces, sino también los privilegios y entre ellos la durabilidad de los cargos y la inmovilidad.

La manifestación popular con sindicatos, movimientos sociales, ciudadanos, el pueblo en la calle sin intermediarios, diciéndole a los poderes hegemónicos su opinión y límites, es un ejercicio absolutamente legítimo de la democracia. Por eso, todos nos movilizamos.-