El 24 de marzo se cumplieron 45 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura.
Según datos oficiales de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el año último se iniciaron sólo 9 juicios orales de causas por delitos de lesa humanidad, la cifra más baja desde 2007.  Además, se informó que hay 859 personas detenidas por delitos de lesa humanidad, de las cuales un 75% gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.

Con los datos estadísticos cerrados al 16 de marzo pasado, los condenados y condenadas por estos crímenes desde 2006 -cuando se celebraron los dos primeros procesos orales y públicos tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- suman 1025, mientras que otras 165 personas resultaron absueltas. Mientras tanto, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida. Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas. A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.

Estas variables desagregadas conforman el universo de 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas. De todas ellas, hay 1661 personas -es decir, un 47% del total- que transitan los procesos en libertad, mientas que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio. Esta modalidad de detención predomina desde 2016.

 En promedio, las causas tardan 5 años y 2 meses desde que se requiere la elevación a juicio hasta la última resolución de la Corte Suprema. No tomó en cuenta la Procuración toda la etapa instructoria.

Estos tiempos deben inmediatamente reducirse, sino se hace ilusoria la posibilidad de la justicia, así vamos a volver pronto a tener que realizar juicios por la verdad ya que no se va a poder juzgar, imputar, ni condenar a represores porque son declarados incapaces o mueren. La ley penal extingue la acción por muerte y obliga al sobreseimiento por esa causal. Los Juicios por la Verdad constituyeron un procedimiento judicial sin efectos penales, que se desarrollaron ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad frente a la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y a los indultos. Estos juicios orales fueron producto de la lucha de los organismos de derechos humanos que buscaron estrategias alternativas para hacer frente a la impunidad mediante la búsqueda judicial de la verdad. ​

En los distintos Juicios por la Verdad llevados a cabo en la Argentina se logró arribar a una verdad jurídica en razón de la memoria de los testigos de los secuestros, torturas y asesinatos ocurridos en la dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. A partir de la recolección de pruebas y de la obtención de la verdad jurídica, no se logrará Justicia, pero se buscará la Verdad que es un derecho de las víctimas y también  para mantener la Memoria.