En mayo de 2021 se encontraron los restos de 215 niños indígenas en British Columbia, Canadá junto a “Tk’emlúps te Secwépemc First Nation” en el sitio de la escuela residencial de pueblos originarios en Kamloops. A pesar del impacto de la comunidad internacional, al igual que del público en Canadá, este trágico descubrimiento no debería haber sido una sorpresa. Por más de un siglo, el gobierno federal separó por la fuerza a los niños indígenas de sus familias, hogares y comunidades, y los puso en instituciones -escuelas residenciales indígenas – cuyo propósito era desmantelar su identidad cultural y asimilarlos a la cultura euro-cristiana que domina la sociedad canadiense hasta el día de hoy. La muerte de miles de niños indígenas, muchos de los cuales nunca fueron devueltos a sus familias, es fundamental para el legado del sistema de escuelas residenciales y la historia colonial de Canadá.

El sistema de escuelas residenciales fue un componente clave de la estrategia de Canadá para destruir permanentemente las estructuras sociales, políticas y familiares indígenas que habían existido durante miles de años antes de la llegada de los colonizadores europeos. A partir de la década de 1870 y hasta finales de la década de 1990, el gobierno canadiense estableció y apoyó a instituciones cuyo propósito era “capacitar” a los niños indígenas para que “adquieran los hábitos y modos de pensar de los hombres blancos”. Estas son palabras expresadas a la Cámara de los Comunes de Canadá en 1883 por Sir John A. Macdonald, quien fue el primer Primer Ministro de Canadá. Las políticas y acciones del gobierno federal hacia la población indígena de Canadá pueden describirse mejor como genocidio cultural.

En 1920, el Parlamento enmendó la “Indian Act”, la ley primaria que rige el control de Canadá sobre los pueblos indígenas, para hacer obligatorio que los niños indígenas asistan a estas escuelas. La ley permitía que “agentes indígenas”, es decir, agentes del gobierno con poderes bajo la Ley de Indígenas, ingresaran a los hogares de familias indígenas que desobedecían la ley y se apoderaban de sus hijos. Los padres que se negaban a entregar a sus hijos eran encarcelados. Los niños eran llevados a escuelas alejadas de sus comunidades, donde eran adoctrinados en la educación europea y la religión cristiana, y trabajaban en las cocinas y los campos hasta la edad de 18 años. A los niños se les prohibía hablar su propio idioma, usar su propia ropa, o practicar sus propias tradiciones. Las condiciones en la escuela, que las iglesias administraban, eran abominables. Los edificios estaban mal mantenidos, los niños eran alimentados con dietas magras y la supervisión inadecuada de los administradores llevó a un abuso físico y sexual generalizado. La tuberculosis y otras enfermedades eran incontrolables. Se estima que 6000 de los 150000 niños indígenas que asistían a las escuelas murieron o desaparecieron. Durante décadas, los sobrevivientes de las escuelas residenciales y sus familias han estado liderando la campaña para exponer la verdad.

En la década de 1970, las comunidades indígenas en algunas partes del país pudieron comenzar a tomar el control de estas escuelas a través de negociaciones con el gobierno federal. Pero fue un proceso largo para desmantelar el sistema de escuelas residenciales en todo el país, y la última de las escuelas residenciales cerró a fines de la década de 1990. Durante décadas, los líderes indígenas han llamado la atención sobre las atrocidades del sistema de escuela residencial y muchas otras injusticias perpetradas por los gobiernos federales y provinciales, incluyendo las violaciones de tratados, la reubicación forzada de comunidades enteras y la negación de los derechos de los pueblos indígenas. En 1990, Phil Fontaine, director de la Asamblea de Jefes de Manitoba, una organización política indígena denunció el abuso físico y sexual que había experimentado cuando era alumno de una escuela residencial. En una entrevista con CBC, la emisora pública nacional de Canadá, pidió una investigación sobre el abuso en las escuelas residenciales.

Tras la presión y los actos de resistencia de las comunidades indígenas en todo el país, en 1991, el gobierno federal estableció la Comisión Real de Pueblos Aborígenes para “investigar y proponer soluciones a los desafíos que afectan la relación entre los pueblos aborígenes, el gobierno canadiense y la sociedad canadiense en su conjunto”. La Comisión, dirigida por varios jefes indígenas de todo el país, completó su informe en 1996, una antología de tres mil páginas que destaca la historia de injusticias y promesas incumplidas del gobierno federal. El capítulo sobre las escuelas residenciales sacó a la luz la humillación y la violencia a la que fueron sometidos decenas de miles de niños indígenas y sus familias.

Incluso con el cierre de las últimas escuelas residenciales en la década de 1990 y el Informe Final del CRPA, todavía había una falta de voluntad política en Canadá para abordar el legado de las escuelas residenciales. Sin embargo, los sobrevivientes estaban tomando medidas en los tribunales, con numerosos reclamos por abuso sexual y físico y se formaron demandas colectivas. En última instancia, estos desafíos legales llevaron al Acuerdo de conciliación de escuelas residenciales indias en 2006, el lanzamiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en 2008 y la disculpa de las escuelas residenciales pronunciada por el primer ministro Stephen Harper en 2008.

Dirigida por el juez Murray Sinclair, el primer juez indígena en Manitoba y el segundo en Canadá, la CVR pasó varios años recopilando testimonios de sobrevivientes de escuelas residenciales de todo el país. La CVR publicó su informe final en 2015, concluyendo que el sistema de escuelas residenciales equivalía a un “genocidio cultural”. El Informe también hizo 94 llamados a la acción al gobierno y la sociedad civil, desde la reforma de la salud hasta la educación, para reparar el legado de las escuelas residenciales y avanzar en el proceso de reconciliación. Los Llamados a la acción incluyen una sección sobre niños desaparecidos e información sobre entierros. La Acción 74 pide que “el gobierno federal trabaje con las iglesias y los líderes de la comunidad aborigen para informar a las familias de los niños que murieron en las escuelas residenciales sobre el lugar del entierro del niño y para responder a los deseos de las familias de una conmemoración, ceremonias y marcadores apropiados, y entierro en comunidades de origen donde se solicite “. A pesar de las conclusiones y los Llamados a la acción de la CVR, el gobierno federal no ha cumplido con los Llamados a la acción y el público canadiense en gran medida sigue sin ser consciente o indiferente a la historia y las consecuencias de la opresión colonial que padecen los pueblos indígenas.

En junio de 2021, otra comunidad, Cowessess First Nation en Saskatchewan, se presentó con el descubrimiento de 751 tumbas sin nombre en el sitio de la antigua Escuela Residencial Marieval [1898 a 1997]. Al igual que los 215 niños encontrados en Columbia Británica en mayo, se sospecha que muchas de estas tumbas son de niños que nunca regresaron con sus familias. Cowessess está aunando esfuerzos para identificar cada entierro. El jefe Cadmus Delorme dijo: “Siempre supimos que había tumbas aquí”. Las familias sabían que sus seres queridos perdidos estaban enterrados en la escuela o nunca habían regresado. Como dijo el Jefe Delorme: “Todos debemos dejar de lado nuestra ignorancia y racismo accidental, de no abordar la verdad, que este país tuvo con los pueblos indígenas. No pedimos compasión, sino comprensión”.

Existe una obligación moral y ética para el público canadiense de los colonos de comprender y reconocer el genocidio cultural cometido por el gobierno federal y las iglesias.-