La crisis de diciembre de 2001 en Argentina, debe necesariamente ser recordada tanto en sus causas, consecuencias y responsables, única manera de evitar se repita la historia. Fue una crisis política, económica, social e institucional, potenciada por una gran movilización popular generalizada bajo el lema «¡Que se vayan todos!», que causó la renuncia del entonces presidente el radical Fernando de la Rúa, dando lugar a un período de inestabilidad política durante el cual cinco funcionarios ejercieron el Poder Ejecutivo Nacional. Sucedió en el marco de un crac, causado por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria, de representatividad, social, económica, financiera y política.

El desencadenante inmediato de la crisis fue la imposición del “Corralito”, el 2 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, el mismo que fuera ministro de Menem y que hoy coquetea con el PRO y Milei. Esto impactó fundamentalmente en los trabajadores no bancarizados, y la clase media que se vio fuertemente restringida para sus movimientos económicos, ya que no pudieron sacar sus ahorros y solo disponer de 250 pesos semanales. El 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general, simultáneamente comenzaron a producirse estallidos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, mayormente saqueos por parte de la población que ya no tenía para subsistir y no había ninguna asistencia social por parte del gobierno.

El Presidente Radical anunció por cadena nacional el establecimiento del Estado de Sitio. Ese discurso jugó como detonante de un estallido y en el anochecer del 19, luego de escuchar al Presidente, una multitud, fundamentalmente de los barrios de Capital, llenó la Plaza de Mayo con el cántico contundente “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, consigna que se generalizó en todo el país y daba cuenta de la crisis de representación política que se vivía. Hubo una violenta represión.

Treinta y nueve de los cuales fueron asesinados. También las Madres de la Plaza fueron brutalmente golpeadas por la policía montada. Al atardecer, renunció el Presidente De La Rúa y la imagen del helicóptero en el que se retiró de la Casa Rosada simbolizó la inviabilidad de aquel proyecto político económico y el final anticipado de otro Gobierno de la democracia.

Durante los siguientes doce días se produjo una alta inestabilidad institucional que llevó también a la renuncia del presidente sucesor Adolfo Rodríguez Saa. Las manifestaciones en la calle continuaron durante varios meses y se organizaron mediante asambleas populares en las cuales los manifestantes debatían y tomaban decisiones con la pretensión de que se realizara una refundación política que permitiera una mayor participación de la ciudadanía y control de los representantes.

El clima de inestabilidad social y económica, así como el desconocimiento generalizado de legitimidad a los representantes políticos, se extendería en los años siguientes, hasta la llegada de Néstor Kirchner al poder (25 de mayo 2003), que fue quién devolvió la credibilidad en el sistema democrático.

CONTEMOS RESUMIDAMENTE LA HISTORIA

La “revolución productiva” de Menem terminó en casi 2 millones de desocupados (la más alta y sostenida de la historia), el aparato productivo desmantelado, el entramado de corrupción, la certeza del negociado impune, la política de deconstrucción de toda noción de comunidad, llevó al hartazgo generalizado del pueblo que, frente a un modelo conservador y excluyente, posibilitó el triunfo en las urnas de la llamada Alianza con de la Rúa como Presidente y Chacho Álvarez como vice. Sin embargo, lo que se aproximaba fue una etapa oscura y compleja que llevó al pueblo, diría El Dante, “hasta las puertas del infierno”.

Antes de asumir su mandato como Ministro de Economía, José Luis Machinea, acordó en Washington, con el FMI, su plan económico. Se recategorizaban los distintos tramos del impuesto a las ganancias, se reducían las deducciones y se aplicaban nuevos gravámenes. El costo del ajuste recaía así sobre los sectores medios, mientras que la máxima alícuota del impuesto a las ganancias se mantenía constante y la renta financiera permanecía exenta de gravámenes.

Pasadas las 3 de la madrugada del 17 de diciembre de 1999 la Gendarmería Nacional enviada por el gobierno de la Alianza –que asumiera sus funciones a tan sólo siete días– inicia una brutal represión en el puente General Belgrano, que une las provincias de Corrientes y Chaco. A las 9:15 muere el cartonero Francisco Escobar, quien se hallaba de regreso a su hogar. A las 13:15 muere Mauro Ojeda, un adolescente que había acudido al lugar en horas tempranas. Más de una treintena de heridos, registrados y no registrados en hospitales y sanatorios, completan el trágico saldo de una jornada inolvidable.

Se promulgó en medio de un escándalo de corrupción la conocida “Ley Banelco”: varios senadores habrían sido sobornados para votar de manera positiva; circulaban versiones de que el dinero habría salido de la SIDE que presidia el banquero Fernando de Santibañes, amigo del Presidente de la Rúa. El Ministro de Trabajo era Alberto Flamarique y Rodolfo Terragno el Jefe de Gabinete.

La nueva ley que desató una crisis incluía: la eliminación de la cláusula de ultra actividad; la descentralización de las negociaciones laborales; la creación de servicios de mediación y arbitraje; la autorización para cambiar acuerdos de trabajo en casos donde la estabilidad económica de la firma estuviera en riesgo; la extensión del período de prueba; la nacionalización del registro de trabajadores; la modificación del sistema de tributación de microempresas para extenderlas a cuentapropistas de bajos ingresos. Como siempre el problema eran los trabajadores y ahí se dirigía el ajuste.

El Presidente designa a la “piba de la derecha argentina” Patricia Bullrich (esa… si la actual Presidenta del PRO) como Ministra de Trabajo en un paso recordado por el recorte de 13% del salario a los trabajadores y jubilados y a Flamarique, acusado de sobornar senadores, como Secretario General de la Presidencia.

En el contexto de los sobornos, el vicepresidente “Chacho” Álvarez presentó su renuncia y hubo un quiebre en la Alianza. El Presidente Fernando de la Rúa en un discurso por cadena nacional afirmó: “Aquí no hay crisis”. Sin embargo, se precipita una crisis financiera que preanunció la cesación de pagos de la deuda, se disparó el riesgo país y la posibilidad de default estuvo muy cerca.

La mayor parte de los reclamos de los trabajadores se realizaron a través de modalidades organizativas por fuera de las estructuras sindicales tradicionales (CGT) por la pérdida de representatividad, el desprestigio de los dirigentes nacionales de los sindicatos más grandes por su vinculación y adhesión a la política menemista, la pérdida de afiliados por el altísimo nivel de desocupación y el achicamiento del aparato productivo que los dejaba fuera de la órbita sindical, el crecimiento del trabajo no registrado, que no aportaba al Sindicato ni al sistema de seguridad social.

Una nueva herramienta sindical, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que además de estar integrada por sindicatos ya existentes, impulsaba la afiliación directa de jubilados, desocupados o trabajadores sin afiliación. Debe mencionarse por su lucha a los compañeros Víctor De Genaro, Hugo Yasky, Pablo Micheti entre otros que fueron sus organizadores. Por otra parte, Hugo Moyano, Juan Manuel Palacios y Alicia Castro que desde la Unión de Trabajadores del Transporte confluyeron junto a otros gremios en el combativo Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA).

La irrupción en el conurbano de los piquetes hizo visible que la profundidad de la crisis no afectaba solamente al interior del país. Se realizó la primera Asamblea Nacional Piquetera, que aprobó un plan de lucha con cortes de ruta progresivos para oponerse a la política de ajuste. Una semana después realizaron un corte que abarcó 50 rutas del país.

El 10 de noviembre 2000 se anunció un blindaje financiero. Consistía en una ayuda por 39.700 millones de dólares, a cambio de la aplicación de una reforma del sistema jubilatorio que eliminaba el régimen estatal de reparto y la prestación básica universal, aumentaba la edad jubilatoria, reducción del gasto para aumentar el equilibrio fiscal, eliminación de los impuestos considerados “distorsivos”, desregulación de las obras sociales. A cambio de gestionar los nuevos créditos, el FMI no solo tomaba las atribuciones del Poder Ejecutivo, sino que también condicionaba al congreso. Para ese entonces, muchas de las reformas impuestas por el FMI habían sido instrumentadas por decreto.

Para el otorgamiento del blindaje el Gobierno Nacional logró la firma del Pacto Fiscal con 23 provincias, menos la de Santa Cruz cuyo Gobernador era Néstor Kirchner. Ante el fracaso del plan económico, Machinea renunció en marzo de 2001 y fue reemplazado en el Ministerio de Economía por Ricardo López Murphy (si el mismo que hoy es diputado por la capital), quien llega con propuestas de más achicamiento del Estado: recorte al presupuesto educativo, eliminación del incentivo docente, reducción de 360 millones a las universidades, reducción de 200 millones más a infraestructura. Ante las exigencias de los organismos multilaterales de crédito, el gobierno de la Alianza impulsó el ordenamiento del sector público, se proponía el despido de 100 mil empleados públicos. Duró 15 días en el cargo.

Vuelve el padre de la criatura, Domingo Cavallo, con superpoderes, otorgados por el Congreso, anunciando un recorte significativo al gasto público. Lo acompaña Federico Adolfo Sturzenegger, el mismo que fue presidente del Banco con Macri.

El megacanje, canje de bonos con vencimientos hasta el 2031, se anunció una primera emisión de bonos LECOP (Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales) se mencionó como destino la cancelación de la mayor parte de la Coparticipación Federal Impositiva adeudada. Sin embargo, distintos gobiernos provinciales iniciaron una emisión alternativa de bonos “sustitutos de moneda”. En noviembre de 2001 circulaban 11 bonos diferentes. Patacones, Cecor, Cecacor, etc. En las provincias los bonos se cambiaban por el 50% de su valor y no eran aceptados en todos los comercios.

Los depósitos se fugaban de los bancos, el FMI proveía los dólares para que esa fuga se hiciera en el marco de la convertibilidad, asegurando a los acreedores poder continuar con el negocio financiero en un país con la peor crisis de su historia. Las metas con el FMI no pudieron ser cumplidas y frente a la corrida bancaria, a comienzos de diciembre de 2001, el Gobierno establece el “corralito bancario”. El corralito fue la solución de un deudor desahuciado, que hace cualquier cosa con tal de durar un poco más. La recesión ya tenía tres años, la fuga de capitales fue de 19.000 millones de dólares en 2001, la pérdida de reservas del Banco Central de 12.000 millones y se había cerrado toda fuente de crédito externo. El presidente De la Rúa inició su gobierno reprimiendo y terminó de la misma manera.

Cualquier parecido con la realidad Macrista NO ES PURA COINCIDENCIA, son los mismos, se los pudo desplazar del gobierno y ahora hay que asegurar de que no vuelvan.