El jueves 29 de noviembre de 2012 acompañé, en mi calidad de Secretario Académico de su Fundación en la Argentina, a Baltasar Garzón en un viaje al Chaco y a Corrientes. Luego del aterrizaje en el Aeropuerto de “Camba Punta” y mientras nos dirigíamos a Resistencia un muy curioso compañero de viaje me preguntaba cosas acerca de la institucionalidad de nuestra provincia. Tres temas lo impactaron fuertemente: la historia de intervenciones federales de Corrientes, el sistema de Edictos Policiales y la circunstancia que en cabeza de una sola persona está a cargo el Ministerio Publico de la Acusación y de la Defensa (Dr. Hyde y Mr. Jeckil)
A la noche en una charla que se realizó en un auditorio repleto de la Sociedad Italiana, el magistrado español, al terminar su exposición se despachó, para mi sorpresa, contra los dos últimos temas. Allí se encontraban presentes altos funcionarios del sistema judicial, que salieron espantados del encuentro, porque lo que estaba planteado con una crítica jurídica de altísimo nivel en base a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, era entendido como una cuestión personal. No se puede cuestionar al poderoso, es una aprendida norma del sistema conservador provincial hecho carne en cada uno de mis comprovincianos.
El sistema de Edictos Policiales, o la facultad que tiene la Policía de la Provincia de Corrientes de imponer penas de arresto policial, sin conocimiento de juez alguno y sin la intervención de abogados a cargo de la defensa, por la comisión de una extensa nómina de contravenciones, es un viejo mecanismo de control social existente en la provincia. Algunas de estas contravenciones estaban vinculadas con hechos (ejercicio de actos obscenos o indecorosos en la vía pública, etc.) y otros por simple “portación de cara” como el “merodeo”.
La Intervención Federal “Cordobesa” de Ramón Mestre y Oscar Aguad actualizó el sistema, por decirlo de alguna manera, y dictó una nueva ley, todavía vigente.
Hace algunos años el Comité contra la Tortura promovió una acción judicial contra este sistema. El mismo quedó firme y consentido en términos procesales. El cuestionamiento central es la facultad policial de detener por tan extenso lapso sin dar intervención a magistrado alguno, período en el cual el detenido está a absoluta merced de los caprichos del comisario interviniente y de la Agencia Policial, en el que reinan las más absoluta de las arbitrariedades. Solo un ejemplo muy actual. En este momento, mientras escribo estas líneas, se encuentra detenido en la Comisaria Primera de Mercedes un artista urbano, eso que se paran en cada semáforo de las ciudades argentinas y hacen malabarismos con los más diversos objetos. Esta persona tuvo la “mala idea”, sabiendo la pasión correntina por los cuchillos y machetes (¿O caso no eran famosos los “cuchilleros correntinos en Malvinas?) de utilizar para su rutina machetes auténticos, combinando al arte, el impacto del riesgo. Bueno esa persona está detenida y ha sido condenado a 29 días de arresto. Claramente la cuestión de clase está arraigada. No conozco ningún estanciero mercedeño, esos que van a su estancia en 4 x4 con un revolver en la cintura, que esté detenido por ello. En el peor de los casos esas condenas policiales son redimibles por el pago de una determinada cantidad de efectivo, el que resulta absolutamente inalcanzable para los pobres, con lo que la injusticia y la arbitrariedad son más groseras y humillantes.
Ni bien quedó firme esa sentencia, muchos jueces de Primera Instancia hicieron un enérgico planteo frente al Superior Tribunal de Justicia, dado que implicaba un aumento de su tarea judicial, y este por vía de Acordada judicial dejó sin efecto la sentencia, repito firme y consentida. Hoy esta cuestión está planteada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por un extraordinario referente de la lucha por los Derechos Humanos del norte argentino, el doctor Ramón Leguizamón y su hijo Facundo.
Pero además, el mismo día de aquella disertación en el 2012 y sin saberlo nosotros al momento de la charla, la misma la Corte Suprema estableció la obligación de la Provincia de Corrientes de avanzar en la división del Ministerio Publico, cuestión que hasta la fecha, y ya pasados 9 años, el gobierno provincial o al menos el oficialismo parlamentario, no presentó proyecto alguno en las cámaras legislativas para cumplir la manda del máximo tribunal de nuestro país.
Miembros del tribunal superior de justicia con el jefe de fiscales y defensores, Germán Garavano ministro de justicia durante la presidencia de Mauricio Macri de y el actual gobernador de Corrientes Gustavo Valdez.El declamado “republicanismo” tiene en nuestra provincia enorme déficit en el oficialismo y no deja de ser un artilugio verbal para atrapar incautos. La vergonzosa prohibición al canal de noticias C5N de ingresar a Corrientes a realizar notas vinculadas a la pandemia de Covid es una muestra elocuente y actual de ello. O un poco más atrás en el tiempo, la actitud de la misma Policía Provincial de arrestar a los periodistas de Canal 9 del Chaco que tuvieron la osadía de filmar el frente de la mansión del entonces gobernador Ricardo Colombi, el que a fin de evitar a los mal pensados dudar acerca de la forma de adquisición del mismo, por parte del mediocre abogado mercedeño que antes de asumir como gobernador se movilizaba en un modesta moto “Juki”, les aclaró que la misma fue donada por un amigo que trabajaba en el PAMI de la ciudad de Corrientes, por escritura pública realizada el 31 de noviembre. Obviamente las acciones judiciales por enriquecimiento ilícito tuvieron más dificultades judiciales para avanzar que Ulises en su viaje a los brazos de su amada. Cuestiones como ésta hicieron que el Poder Judicial de la Provincia sea uno de más desprestigiados del país.
No ayuda tampoco a la obtención de un reconocimiento de su probidad e independencia, la persecución judicial a los principales dirigente opositores a cargo de ejecutivos municipales y la absoluta indulgencia, cuando alguna denuncia salpica a un intendente del oficialismo provincial, circunstancia ésta de público y notorio conocimiento.
La creación del Comité contra la Tortura fue un paso importante adelante para tratar de ajustar al respeto de la integridad física de los detenidos y la arbitrariedad policial, pero la presión nacional e internacional que logró esa creación, no alcanzó para que se dote en estos años de un presupuesto que permitiera la efectiva realización de su trabajo. En esto sí, es admirable reconocer el coraje y decisión de importante referentes del colectivo de Derechos Humanos de Corrientes que asumieron la tarea de integrarlo y darle vida.
Frente a estas próximas elecciones, convocadas con un dudoso mecanismo constitucional del cual nuestro Ateneo LIBERACION se expidió, no queda más que remarcar que 20 años de gestión de gobiernos de atraso dejaron un pesado lastre, no solo en pobreza, indigencia, salud pública y educación deficiente y muchos otros etcéteras más, sino también en cuestiones tan fundamentales como esta que permitan la plena vigencia de la Constitución Nacional.