La noticia empezó a circular discretamente, como sabiendo el poder de fuego de los involucrados: el Gobierno de Corrientes y la empresa concesionaria del servicio de agua y cloacas de la provincia, Aguas de Corrientes S.A. Rápidamente salió de los medios, como siguiendo una orden dada por alguien.

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) le cortó el servicio a la empresa por falta de pago. Una abultada deuda de 1400 millones de pesos y una deuda de la provincia por la compensación del servicio brindado a edificios públicos (escuelas, ministerios, cárceles, comisarías, etc.) de 300 millones, es decir una deuda neta de 1100 millones. Enorme para empresas que a la segunda factura impaga te corta el servicio y te obligan a pagar además derechos de reconexión, cartas documentos y a veces honorarios de abogados por el impulso de las acciones judiciales, sin importar el estado judicial del mismo. El corte se produjo en algunas de las ciudades que la concesionaria cubre.

Una situación de este tipo no pasa en Corrientes sin que el gobernador lo sepa, tanto la millonaria deuda, que daría lugar, si los reglamentos de prestación del servicio eléctrico se cumplieran, a que hace varios meses antes se concretase el corte. Lo mismo, con la decisión de cortar el fluido eléctrico. Algo pasó entre las partes que rompió una relación más que amistosa de tres décadas. Como dice el proverbio hindú «Cuando dos elefantes se enamoran, el que sufre es el pasto. Cuando dos elefantes se pelean, el que sufre es el pasto». En la provincia de Corrientes la sociedad siempre es el pasto.

Por decisión de la dictadura militar se provincializó el servicio de agua potable y saneamiento ambiental. La tenían muy clara, ello facilitaría la privatización y los negocios, para que el consumo del vital elemento deje de ser un derecho humano fundamental, sin la cual no hay vida posible, a ser un negocio enorme y fantástico. La extensión de la red, costosa de construir y fija, constituye al servicio en un monopolio natural o técnico, dado que es imposible la instalación de una competidora y a partir de entonces corresponde abonar lo que la empresa determine y el estado bobo lo consienta.

Luego de ello en 1990 por iniciativa de los viejos oligarcas de la provincia agrupados en el Pacto Autonomista Liberal, encabezados en ese momento por el ex intendente militar de la ciudad de Corrientes, Guillermo Leconte, avanzaron en una privatización del servicio siguiendo los pasos que una consultora inglesa lo determinó.

La empresa entonces se entregó al Grupo Macri, que trajo su cuadro gerencial mayoritariamente de la Philco de Tierra del Fuego y de Sevel. El presidente de la empresa era un desconocido y luego muy sufrido por los argentinos Mauricio Macri. Pero Corrientes no le interesaba. Como en las otras privatizaciones que se avecinaban, se exigiría tener experiencia en la prestación de un servicio similar. Administrar el servicio en Corrientes les permitiría adueñarse de otras más interesantes como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etc. El plan fracasó y entonces abandonaron el servicio, pese a que estaba prohibido. Eso daba lugar a la vuelta de la concesión al estado, pero la provincia decidió entregar la misma al grupo local Chamas, con la misma experiencia en el gerenciamiento de este tipo de empresas, como las que yo poseo en la construcción de naves espaciales y pilotaje de transbordares espaciales. Pero ello no importa. Negocios son negocios.

El argumento era sencillo. La predica neoliberal del menemismo lo hizo posible. El Estado no posee recursos para ni capacidad para administrar bien a las empresas y que se necesitan de la inversión privada para que todos dispongamos de los bienes ofertados de manera accesible y segura.

La historia de la concesión a Aguas de Corrientes prueba la mentira de esta afirmación. Casi la totalidad de la extensión de la red se realizó con aportes públicos (municipios, INVICO, aportes de vecinos y créditos de la Nación a través del Ente Nacional de Saneamiento Ambiental). La empresa solo invirtió en la instalación de medidores, con una trampa: el pliego de bases y condiciones le fijaba la necesidad de instalar una determinada cantidad de ellos de fácil cumplimiento, con lo que rápidamente se cumplía el objetivo de la privatización. Según la documentación original, la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Goya debió estar construida en el año catorce de la concesión. Todavía la estamos esperando.

Para que haya una gestión privada tan desastrosa y mala es necesario contar con la complicidad del estado provincial que incumple obligaciones a su cargo, entonces justifica una renegociación que alarga los plazos y genera un nuevo esquema de derechos y obligaciones de las partes, así desde 1990 y hasta ahora. La codicia empresaria necesita de un estado bobo.

Siendo concejal de la ciudad de Goya (1993/7) trabaje mucho el tema y logramos organizar una audiencia pública provincial en el año 1997 que por primera vez puso algo nerviosa a la empresa. Poco se hizo después desde la perspectiva de los usuarios y de la administración eficiente del Estado. De algunos pedidos de informes que realicé acerca de la calidad del agua, el mismo Estado Provincial informó que las inspecciones eran agendadas con anticipación, el personal de inspección era trasladada en móviles de la empresa y analizada en laboratorios de la misma.  Juzguen los lectores la calidad de esas inspecciones.

En muchos lugares del mundo, en donde se autoriza el corte del servicio, ello nunca se concreta de manera total, por el lógico impacto que ello tiene en la vida, la salud de las personas y en el medio ambiente. Se colocan reductores de caudal que le permiten asistir a la familia contar con el aseo cotidiano, la eliminación de los desechos cloacales la utilización para la cocina. No permite alimentar piscinas,  lavar el auto, regar el jardín, pero la vida está garantizada. En Corrientes el corte es total, aun en verano con altas temperaturas y en plena epidemia de cólera como la que sufrió nuestro país en 1991.

Lamentablemente, no creo que el corte del servicio eléctrico por parte de la DPEC a Aguas de Corrientes responda a una decisión política del gobierno provincial de encauzar el servicio.  Creo más bien en una partida de ajedrez donde se discuten otras cuestiones que no son precisamente el derecho humano a la vida, al agua potable, a la salud y al respeto al medio ambiente evitando el vertido en crudo de los residuos cloacales a los ríos que nos rodean. Espero equivocarme. También espero ver las próximas jugadas de estos poderosos inversores en publicidad y medios. Por lo pronto ambos ya lograron que el tema desaparezca de los medios de comunicación. Nuevamente ahora que empezaron a amarse, los correntinos somos el pasto del que habla aquel viejo proverbio hindú.-