A principios de este año, como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del coronavirus como una pandemia, y luego, en nuestro país la emergencia sanitaria fue anunciada a nivel nacional, ajustándose mediante cuarentenas y otras medidas ya conocidas para combatir los efectos del virus Covid-19. Nadie en esos momentos iba a imaginar la situación en que nos encontramos actualmente a nivel productivo, económico, político y social. Pero últimamente aparece en los medios “informativos” hegemónicos, los de antes, los de ahora, básicamente los medios de siempre, determinados personajes que fueron ganando protagonismo en distintas etapas, aquellos que sostienen contar con la receta mágica; los economistas que estando fuera del ámbito público, comentan con exactitud lo que deberían hacer los funcionarios del Gobierno Nacional y, porque hablar es gratis, también los Estados Provinciales. Lo increíble es que, o no estuvieron nunca con funciones públicas o si formaron parte de una administración, dejaron como herencia un daño enorme.
Y los mediáticos economistas no se cansan de hablar de que el Estado debe retirarse y dejar que la mano invisible del mercado sea la que determine, y constituya el libre juego tanto del comercio y la producción, como del valor de la moneda; apuntando fríamente que las empresas ineficientes cierren. Pero centrándonos en lo importante de este artículo, el Estado y la economía son mutuamente constituyentes, no se pueden entender como universos autónomos. Mediante determinadas políticas, se busca cambiar la realidad para los diferentes actores en la economía. Por lo tanto, en un panorama como la actual, no hay otra institución, poder económico, ni mucho menos eso que llaman el Mercado, que pueda aplacar los vaivenes financieros y económicos producidos por el Covid-19. En este contexto, las pequeñas y medianas empresas de la Argentina adquieren una relevancia primordial al representar el 99% del universo empresarial, generando aproximadamente un 70% de la fuerza laboral, y aportar a la producción de bienes y servicios con una incidencia superior al 45% del PBI nacional.
Las PyMes tienen distintas formas de financiamiento: capital propio, bancario, mercado de capitales (descuento de cheques de pago diferido, obligaciones negociables), adelanto de cuenta corriente, y mediante varios programas que brinda el sector público. Sin embargo, en la práctica la gran mayoría, o casi la totalidad, acuden a intermediarios financieros, y un pequeño porcentaje restante, al mercado de capitales. El inconveniente de esta situación es que las PyMes están en desventaja para acceder al crédito bancario, ya sea por los altos costos de financiamiento como por la falta de las garantías habituales que exigen los bancos. Esta exclusión del sistema bancario formal se acentúa cada vez más cuando predomina la banca extranjera, donde no existe otra opción que financiarse con recursos propios, con proveedores a plazo o a crédito, y en una menor proporción la utilización de tarjetas de crédito, con lo que eso conlleva – tasas altísimas-. Adicionalmente, hay que destacar que en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, el crédito bancario constituye una porción importante del financiamiento a la producción, ya que, el mercado de capitales tiene escaso desarrollo.
En palabras de Joseph Stiglitz, los bancos estatales contribuyen al desarrollo económico y mejoran el bienestar general. Por lo tanto, los bancos o los programas de crédito del Estado se justifican por su injerencia en los beneficios sociales y en el equilibrio del mercado financiero. Entonces, según la teoría social el objetivo de los bancos de propiedad estatal debe ser la canalización de recursos a proyectos socialmente rentables o para las empresas que no tienen acceso a otros fondos, que es lo que sucedió históricamente con las PyMes. Justamente el actual Ministro de Desarrollo Productivo Matias Kulfas, mediante varios artículos publicados fue muy crítico de las debilidades y dificultades que tenían las pequeñas y medianas empresas para financiarse.
Por lo tanto, la necesariedad de la participación de la mano del Estado en este contexto atípico y de gran complejidad para brindar apoyo y soporte financiero a las PyMes es crucial para mantener o no perder la estructura económica y productiva del país. Mediante el uso de diferentes políticas y definidos planes de acción, el BCRA -que coordina las distintas instituciones financieras públicas- inyectó al menos $200.000 millones mediante las líneas de créditos MiPyMe y Servicios de Salud, a una tasa subsidiada al 24% anual con garantía automática del FOGAR (Fondo de Garantía Argentino), con la característica de que las entidades bancarias están obligadas a otorgarle la solicitud con mínimos requisitos. Teniendo en el bimestre abril-mayo un aumento al acceso del 23% de empresas respecto del año anterior.
En línea con esto, un punto importante a considerar es la alta demanda de los mecanismos de ayuda implementados por el Gobierno Nacional, tales como: 1. Créditos para el pago de sueldos a tasa fija del 24%. 2. Extensión de Ahora 12. 3. Suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago. 4. Congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos. 5. Suspensión del cierre de cuentas bancarias. 6. Programa Emergencia de Asistencia al Trabajo y Producción (ATP). 7. Créditos para Capital de Trabajo. 8. Prórroga de moratoria PyME. 9. Créditos a tasa 0% a Monotributistas. Fondos destinados por la Nación a PyMes correntinas solamente: – ATP: 7.300 firmas de Corrientes con 79.917 sueldos pagados por $ 1.465 millones. – Créditos a Tasa 24%: $ 3.816 millones para 1.571 empresas. – Crédito a Tasa 0%: $ 857 millones para 7.734 autónomos. – Moratoria: 4.283 empresas con condonaciones por $810 millones. – Compensatorio de Salario: $ 835 millones para 2.880 PyMEs. – Fondo para pago de sueldos: $ 458 millones para 418 PyMEs. – Financiamiento Capital de Trabajo $ 121 millones.
Este fenómeno refleja una alta valoración del apoyo del Estado y al mismo tiempo el modo heterogéneo en que las medidas llegaron al universo empresarial, sabiendo que en la época prepandemia no había tanto acceso, como se comentó al principio.
Ahora, ¿nos podemos imaginar cómo sería esta pandemia en un gobierno neoliberal? Donde se privilegia al mercado como árbitro, y supuestamente la supervivencia de la empresa depende de que sea la más fuerte, apta y mejor preparada. Como conclusión, invito a un ejercicio de imaginación. Los opinólogos neoliberales que abundan por los canales de televisión, radios, periódicos digitales o de papel, no consideran las consecuencias para las empresas que cierran. Son el costo que deben asumirse para que cierren sus teorías. Pero para una economía social e inclusiva, las PyMEs no son números en un papel, son la fuerza viva de nuestra economía, la fuerza e impulso laboral de nuestra gente, de todo el país.