No es tarea fácil y cuasi temerario, colocar en “tela de juicio” y juzgar a todos los encargados de impartir justicia por igual, porque ésta, no solo muestra el “talón de Aquiles” en sus flancos débiles, también tiene frente y contra frente, no todos en su “majestad” son “corre ve y dile”, también están los investidos de legitimidad que cumplen con el deber encomendado usando “filo, contrafilo y punta” al momento de estribar sus razones meritando la causa y bajando la “espada legal” por escrito – “cortando el bacalao”-, o si corresponde “in voce” sentenciando conforme su “leal saber y entender” sobre la disputa del interés en juego sometido a su competencia.
Es injusto meter a todos en una misma bolsa y tenerlos como sospechosos de ser “alfiles” del poder político en turno, claro está, es “un secreto a voces” que el sistema republicano desbandado, en ocasiones y/o períodos ha sido manipulado operando sobre la humanidad de algún Juez, llamándolo a la obediencia a efecto que su decisorio plasme la “bajada de línea” con que el Poder Ejecutivo pretende “torcerle la muñeca”.
No debe extrañar que el “verdugo institucional” en ocasiones cumpla el rol de ser apenas un “monigote” inquisidor, urgido por factores exógenos e intereses de actores invisibles que ocultan su rostro en la “madeja” del anonimato, pero visto está, se consideran “los dueños de la pelota” por haber financiado la campaña electoral del encumbrado personaje en lides “democráticas”, o por caso, si recurrimos a la experiencia propia, corresponde contabilizar los golpista históricos y genocidas de todas las épocas que directamente domeñaron al Poder Judicial, ubicando sus amanuenses en la Suprema Corte de “Justicia”.
El problema históricamente se recicla cuando la justicia “hace agua”, arrastrando la “fe pública” al buzón de los desechos y el descrédito abre un imaginario frustrante poniendo en crisis “la vigencia jurídica del sistema republicano de gobierno”, cuyo efecto invalida el principio de legalidad y división de los poderes de la república, donde el colectivo social se referencia, integra y representa, pensando y anhelando tener igualdad de trato –ser un par ante la ley- y no víctima del “decidendum” judicial.
En ese orden de ideas, la “majestad de la justicia”, por contrario imperio, está urgida a recuperarse ensamblando el valor ético y moral que nutre sus normas, extendiéndose a todo el estamento involucrado en la gestión política, a efecto de reflotar el axioma del respeto mutuo, base fundamental de la convivencia, si la pretensión es superar la anomia y restablecer la plena vigencia del Estado Social de Derecho.
Corresponde señalar, que este poder del Estado –salvo breves intervalos- desde siempre ha estado en la “picota” de la crítica, “revolcao en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos”, pero conforme lo señalamos, no son los únicos responsables del “gatopardismo” leguleyo, existen cómplices, “partenaire-mentores” encadenados a ésta suerte de parafernalia obscena del encubrimiento, que desde sus “ratoneras” de alto rango han operado con impunidad, pretendiendo desviar el accionar de la justicia, intentando ocultar a los responsables materiales, intelectuales e ideológicos afines “a su paladar político” que fueron partícipes necesarios de los más variados tipos de delitos y actuaron siempre en el teatro de operaciones, comprometiendo su intervención, incluso, en el acto terrorista sufrido por la AMIA.
Al respecto, corresponde señalar que recientemente tomó estado público la existencia de una “Mesa Judicial”, ASOCIACIÓN ILÍCITA por la que se encuentra denunciado el presidente mandato cumplido, Mauricio Macri. Junto a él, figuran Pablo Clusellas (ex secretario Legal y Técnica), Germán Garavano (ex ministro de Justicia), Bernardo Saravia Frías (Procurador del Tesoro), Fabián “Pepín” Rodríguez Simón (operador judicial), Pablo Torello (ex diputado PRO) y Daniel Angelici (ex presidente de Boca y operador judicial de Macri), también se involucra a la ex Vice-presidenta de la Nación Gabriela Michetti entre otros: Acusados por la persecución de políticos, periodistas y gremialistas, aprietes a testigos y jueces, y demás acciones ilícitas en el marco de lo que se conoce como “lawfare”.
Ante el cuadro de situación descripto podemos afirmar “Que el mal está hecho”, y la reparación a los exabruptos del poder llegan tarde, los malevos pueden a futuro recibir sanción, pero el daño producido es irreparable, en consecuencia se impone la corrección al poder judicial y a las instituciones de la república involucradas, interpelando al poder nacional en turno para que asuma la restauración de un orden de justicia abocado al cumplimiento estricto de la ley. A los Sres. jueces y Fiscales les cabe asimilar ésta frase: “El hombre justo no es el que no comete ninguna injusticia, sino el que, pudiendo ser injusto, no quiere serlo.” (Menandro)