Un viejo recurso de los referentes del gobierno correntino es denunciar la “discriminación” de la Nación. Si eso existiera, nada explica que en 20 años de gestión, con amplias mayorías parlamentarias no se haya montado un sistema eficiente de combate al fuego.

En el medio de un coctel explosivo de sequía y altísimas temperaturas la provincia de Corrientes perdió hasta el 5 de febrero, unas 335.043 hectáreas de forestaciones, según datos presentado por el INTA. Los departamentos más afectados son San Martín con 55.608 hectáreas, San Miguel – 34.445 ha, Paso de los Libres – 33.253 ha y Mercedes con casi 32.000. Al 28 de enero la quemazón alcanzaba al 3,8% de la provincia aunque los incendios continúan y alcanzaron en las últimas horas ribetes muy dramáticos en zonas del noreste correntino cercanos al Complejo Sistema del Iberá, con lo que el impacto económico no solo alcanza al sector forestal sino también al turístico y en ambos casos con un sensible impacto ambiental. Todavía no se ha cuantificado el daño a las instalaciones productivas (galpones, aserraderos, alambrados, etc,), ni la cantidad de puestos de trabajo perdidos.

En el medio de esta situación la opinión pública escuchó con estupor las declaraciones del Viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, un muy respetado experto y periodista en temas de medio ambiente, que relató haber hablado con el Ministro de Agricultura de la provincia el 23 de enero para ofrecerle ayuda en el manejo y control de los incendios y este lo rechazo por considerarlo innecesario. Varios tuits posteriores del Ministro Anselmo y del propio Gobernador no alcanzaron a derribar la imagen de improvisación y desidia que el gobierno de Corrientes ofrece. Intentando revertir esa situación el Bloque de Legisladores Provinciales y Nacionales del Frente de Todos le solicitaron al Poder Ejecutivo Provincial la Declaración de Emergencia Agropecuaria que permite el acceso a asistencia técnica y financiera de Entes Públicos durante el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, previstos en la Ley Nacional 26.509 de creación del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, a la cual adhirió la Provincia mediante Ley 5.978.

Esta situación comenzó a revertirse mediante las gestiones del intendente de Mercedes, Diego Martin Caram, que obtuvo la presencia de autobombas, dos móviles de apoyo, brigadistas y un avión hidrante en esa ciudad, con la logística a cargo del municipio para el funcionamiento efectivo del mismo y la atención al personal involucrado. Este avión cubre la zona de los Parques Nacionales Mburucuyá e Iberá y los departamentos circundantes.

El Ministro del área, Juan Cabandié adelantó que se sumarán nuevos aviones al trabajo en la provincia, dentro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Asimismo, al cierre de esta nota se informó del envío de dos nuevos aviones hidrantes y personal especializado en el combate del fuego o brigadistas, asi como la visita del Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación para ampliar las líneas de apoyo a la Provincia.

Para el trabajo efectivo de las aeronaves se necesita una pista cercana al foco, un camión hidrante con 10.000 litros de agua para reabastecimiento del avión y personal en la zona del incendio que guíe el trabajo del piloto de la aeronave.

Pero el punto es que desde 1970 la región empezó un fuerte camino de atracción a inversores y productores para ser considerado un lugar de oportunidades en el negocio forestal. Un camino similar lo emprendieron Misiones y Entre Ríos, al igual que la República Oriental del Uruguay. La crisis binacional que se produjo entre nuestras naciones a comienzos de este siglo derivados de la instalación de la planta fabril de Botnia y otras sobre la margen izquierda del río Uruguay, fue de alguna manera absolutamente predecible y marca el enorme fracaso de nuestros países que no pudieron o no supieron trabajar en conjunto para evitar tamaño nivel de conflicto e incluso potenciar fortalezas para negociar mejor con inversores externos, algo que lamentablemente lo estamos viendo de nuevo con el litio, pero eso es harina de otro costal.

La apuesta de Corrientes fue la de sumar a la explotación privilegiada de la ganadería, agregar la del sector forestal, pero sin darse una estrategia fabril en consecuencia. Las instalaciones recientes fueron decisiones de los grupos empresarios atraídos por la enorme existencia del recurso, sin política provincial de gestión. Una muestra de ello fue el original y escénico viaje del gobernador Valdés a Austria para convocar a una gran empresa fabril, cuando la misma, por gestiones del Ministro de Industria, Matías Kulfas ya se encuentra instalada en Virasoro en pleno proceso de construcción de su planta.

Recordemos que los sectores que históricamente gobernaron nuestra provincia han tenido un marcado rechazo a la actividad fabril, logrando en consecuencia que Corrientes expulse a los jóvenes de manera sistemática. Hace unos meses el gobierno de Macri y Valdés nada hizo para retener a la fábrica tabacalera Massalin Particulares de la ciudad de Goya, donde tenía varias décadas de arraigo y era la fuente laboral de más de 200 familias. La existencia de tantos correntinos fuera de la provincia, como comprovincianos residente en su tierra, dan cuenta de la magnitud de esta catástrofe migratoria única en el mundo. Para magnificar la misma. Si la Argentina tiene hoy 45 millones de habitantes y si tuviera un éxodo similar, en proporciones a la de Corrientes, debería haber 45 millones de argentinos por todo el mundo. Una tragedia superior a la de Siria, Irak, y cualquier otro país dolorido de guerras y enfrentamientos armados.

Los más destacados referentes del gobierno correntino recorren los medios denunciando la “discriminación” de la Nación. Es un viejo recurso que tapa todas las mediocres gestiones de Ricardo y Arturo Colombi y la de Gustavo Valdés. Pero si hipotéticamente esa discriminación existiera, nada explica que en 20 años de gestión, con amplias mayorías parlamentarias no se haya montado un sistema eficiente de combate al fuego. Esperar todo de la Nación solo demuestra la desidia gubernamental y la incapacidad de prever recursos y acciones para asegurar las forestaciones, el medio ambiente, las herramientas e instalaciones fabriles, los puestos de trabajo y varios etcéteras más. 

Analizar el destino de los fondos públicos es un acto de ciudadanos comprometidos con su tiempo, a la par que profundamente democrático y republicano. Basta para medir la importancia que el gobierno provincial la asigna al combate del fuego comparándolo con los fondos destinados a publicidad (dato público y absolutamente descomunal, al que debe sumarse las erogaciones que salen de las “cajas negras” del IOSCOR, IPS, DPV, IPT y otros tantos entes intervenidos por el Poder Ejecutivo desde hace décadas, a pesar del reclamo de las organizaciones gremiales), además del apoyo a tres equipos de basquetbol de primera línea internacional, o eventos musicales o carnavalescos, entre otros.

En definitiva, la incapacidad, la improvisación, la desidia del Gobierno de Corrientes en el manejo de la tragedia de los incendios forestales, solo nos permite obtener una dolorosa conclusión: ni los ganadores del modelo pueden estar bien cuando la provincia es conducida por férreos defensores del atraso. Ni hablar de los exiliados  económicos que siguen recorriendo el país para encontrar trabajo ya que su propia tierra los expulsa. O los trabajadores públicos provinciales con los perores salarios del país, incluso en comparación con la de provincias vecinas Chaco, Formosa, Santiago del Estero o Misiones. Ni hablar la de la suerte de los próximos jubilados provinciales que actualmente perciben sus haberes mayoritariamente integrados por conceptos sin aportes a la Caja Provincial de Jubilaciones (I.P.S.) y el dato fácilmente verificable cuando uno analiza las pautas salariales que los gremios nacionales y las cámaras empresariales acuerdan, donde los salarios de los trabajadores en Corrientes son menores a los nacionales, ya que las paupérrimas escalas salariales que la provincia fija deprimen los sueldos del sector privado. Un ejemplo de ello son los salarios de Magistrados, Funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia muy lejos de alcanzar el histórico reconocimiento de “buenos sueldos” para estar en el mismo nivel de los demás agentes públicos.-