El pasado 1 de febrero en todas las plazas y calles del país, se escuchó un fuerte reclamo de una parte de la ciudadanía, exigiendo la renuncia de los ministros de la Corte de Justicia, pidiendo además el fin de la persecución política (guerra jurídica-lawfare) y la democratización de ese poder de la república.

Para entender por qué quienes salimos a las calles pedimos que se vayan, es necesario remontarnos a nuestra conformación como nación, cuando al dictarse nuestra constitución en 1853, se estableció que la forma de funcionamiento y administración de nuestra patria estaría dividida por las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, conformando así los 3 poderes del estado. El fin de ello era que la independencia entre sí, equilibre los poderes estatales y en definitiva pueda ser verdadero garante de los derechos de la ciudadanía.

Sin embargo, desde su inicio el poder judicial, al no ser un poder plebiscitado por el pueblo, siempre estuvo bajo la determinación, primero del poder legislativo quien en definitiva definía sobre los temas mas controversiales y en la actualidad, para ser ministro de la Corte debe ser propuesto por el Poder Ejecutivo y luego aprobado por el Senado. Es decir, nosotros, los justiciables, no tenemos posibilidad de establecer un arbitrio de tales designaciones, como sí lo hacemos con los otros dos poderes del Estado, bajo el sufragio universal.

La Corte desde sus orígenes, conformó su estructura con la designación de funcionarios pertenecientes a familias patricias y/o representantes de los sectores más retrógrados y conservadores de nuestra sociedad, ubicándose como garantes y perpetuadores del poder colonial en nuestro país y en la región.

En 1930 con el aval al golpe de estado que derrocó a un gobierno popular, -el de Hipólito Yrigoyen-, sentó las bases para los golpes militares que le sucedieron, en clara complicidad con los sectores económicos que condicionan el dictado de políticas populares.

Esta Corte, es garante de los poderes económicos más concentrados que pretenden imponer políticas neoliberales, violando nuestros derechos fundamentales, recortando derechos laborales bajo el eufemismo de la “seguridad jurídica para estimular las inversiones”.

Avanzan de hecho con las reformas laborales que viene exigiendo el Fondo Monetario Internacional, avalan la precarización y el sometimiento, y así garantizan mano de obra barata para los capitales golondrinas.

Demoran el dictado de fallos donde se pone en discusión el poder económico. Los juicios de lesa humanidad son un claro ejemplo de ello, donde se avanzó en las responsabilidades a los uniformados y se paralizó cuando de responsables civiles del genocidio se trata -como el caso Blaquier y Navajas Artaza-, buscando que la edad imponga la impunidad biológica.

Cuando decimos que esta Corte debe irse, es por medio de mecanismos democráticos, ya que existen diversos pedidos de juicio político por faltas gravísimas contra sus integrantes -hoy cajoneados en el Poder Legislativo-, como:

-haber aceptado que su Cuerpo se integre por decretos presidenciales, haber dictado un fallo de condonación “el famoso 2×1” a los genocidas (que el pueblo con su expresión popular en las calles logro dar vuelta)

-haber avalado una mesa judicial y el funcionamiento ilegal de los servicios de inteligencia.

-haberse situado por encima de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ampliando los miembros del Consejo de la Magistratura, logrando presidir ese órgano de Control, que por un lado maneja el presupuesto de la Corte, pero también puede ser garante de la impunidad de funcionarios denunciados y herramienta eficaz para el nombramiento de personas afines.

Por eso esta Corte se debe ir, porque es el obstáculo mas certero para concretar un Poder Judicial cercano al pueblo y no de espaldas a él.

Hablamos de la Corte, de sus miembros y no de todo el Poder Judicial, porque sabemos que existen funcionarios probos, pero lo que no admitimos es que la que perdure y nos represente, sea la corrupta.

En Corrientes, y quizás se replique en otras provincias, se materializa el mismo modelo, Cortes provinciales subordinadas a los poderes económicos, de espaldas a la gente y que utiliza las herramientas judiciales para amedrentar, hostigar y discriminar con sus fallos a los justiciables más vulnerables y de este modo perseguir a dirigentes políticos y sociales que buscan hacer visible esa desigualdad.

Una cifra que impacta en nuestra provincia es la cantidad de casos de violencia institucional, conocidos como “gatillo fácil”, 64 muertes por responsabilidad directa o indirecta del aparato represivo estatal en los últimos 10 años, con complicidad judicial por acción u omisión. Ante los índices sociales más bajos del país, la criminalización de la pobreza es la respuesta estatal.

Nosotros, el pueblo, mucho tenemos que decir y aportar para la justicia que queremos, por eso salimos a las calles a manifestarnos, para que se nos escuche y se revierta este Poder Judicial elitista.

Queremos que la Corte sea amplia, democrática, que sus integrantes provengan del pueblo y no de elites, que hayan participado activamente en tareas sociales, que respeten la paridad de género, incluya a los pueblos originarios y a las diversidades.

Queremos una Corte alejada de la dominación colonial, defensora de la soberanía nacional, que cumpla con los tratados internacionales, que haga bandera en sus fallos por el respeto y la defensa de los Derechos Humanos.

Que simplifique el sistema normativo y las prácticas judiciales, acercándolo a los ciudadanos, promoviendo la equidad y la igualdad.

Queremos una Corte con cuentas transparentes y sin privilegios.

Esta Corte se debe ir y otra debe alumbrar, es nuestro deber ciudadano luchar para refundar el Poder Judicial, democratizándolo, transparentándolo e impregnándolo con perspectivas de género y de derechos humanos.

Así lo entendemos, y estamos convencidos y convencidas de seguir sosteniendo este reclamo hasta que sea una realidad. Que la Corte esté subordinada al control soberano del pueblo.-