Ya mucho se sabe de la Operación “Cóndor”, organización criminal armada y articulada por las dictaduras de Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. No hace falta leer las más de 5.000 páginas con las que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Buenos Aires en un detallado y minucioso veredicto condenara a varios represores argentinos y un uruguayo o algunos de los excelentes trabajos bibliográficos sobre este tema, como “Operación Cóndor – 40 años después” editado por el Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos – Categoría II de UNESCO, bajo la dirección del Magistrado Baltasar Garzón Real.

Los trabajos de Stella Calloni, los archivos de la larga dictadura Stronista descubiertos en una Comisaría de la localidad de Lambaré, dentro del Gran Asunción, luego de una presentación judicial de Martin Almada y el accionar del juez paraguayo Agustín Fernández, entre otras tantas pruebas y documentos, que dan cuenta de su accionar. Bastante menos se sabe de los casos concretos que fueron ejecutados dentro de su articulación criminal y estos no siempre logran tener el mismo impulso investigativo que otros.

En el año 2011 el entonces Fiscal Federal de Uruguayana, Iván Marx presentó en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, luego de que se cerrara la vía de investigación judicial en su propio país por aplicación de la Ley de Amnistía que la dictadura brasileña promulgómeses antes de dejar el gobierno, un pedido de investigación sobre las circunstancias de la muerte, en su establecimiento rural “La Villa” ubicado a pocos kilómetros de la ciudad correntina de Mercedes, del ex presidente constitucional de la República Federativa del Brasil Joao Goulart “Jango”.

Hasta el año 2008, se sostenía que la muerte se debía a un paro cardiaco, pese a que el médico que certifica la muerte solicito una autopsia, que nunca se realizó, para “determinar las razones de la muerte”. La dictadura brasileña, luego de oponerse al ingreso del cuerpo del ex presidente a su país para ser inhumado en su San Borja natal, impidió la apertura del féretro y la realización de una autopsia médico legal que despejara las razones de su muerte, lo que ya era motivo de sospechas y elucubraciones.

En el año 2008 la Asamblea Legislativa del Estado de Rio Grande do Sul, por medio de su Comisión de Ciudadanía y Derechos humanos, al finalizar la investigación sobre los hechos, concluyó que existieron fuertes indicios de la existencia de un asesinato premeditado del ex-presidente. Por ello,la Procuraduría de la República en Porto Alegre, impulsódos procedimientos (uno civil y otro penal) para investigar lo ocurrido. El procedimiento penal resultó archivado por los argumentos de prescripción y amnistía.

Con la denuncia formulada, la entonces Jueza Federal Mabel Borda, ordenó una serie de medidas que permitieron llegar hasta la realización de una autopsia, demorada 40 años, de Jango, que no acercó resultados contundentes. Siguen teniendo entonces, un peso trascendente los documentos y pruebas que acercara a la causa el periodista Roger Rodríguez, obtenidos de investigaciones sobre archivos desclasificados del aparato represivo uruguayo e incluso las declaraciones de un integrante de los servicios secretos de ese país que revela los detalles de la muerte. Goulart se exilió en Buenos Aires y Montevideo y es por ello el interés y seguimiento permanente que los servicios secretos uruguayos dedicaron de manera obsesiva al ex mandatario brasileño.

Tuve la oportunidad de participar en esa investigación y guardo enorme reservas acerca de las acciones judiciales y administrativas de todo tipo realizadas en Brasil, y que a la fecha, ni en aquel país, ni en el nuestro acercan un resultado definitivo.

En el marco de los operativos con Argentina – marcando incluso la creación de la Operación Cóndor -, los apoyos recíprocos remontan al año 1970, con el secuestro del brasileño Jefferson Cardim y de su hijo, con casi inmediata entrega a las autoridades brasileñas. Después desapareció en Argentina EdmurP ericles Camargo en 1971 y durante la última dictadura militar Argentina desaparecieron en nuestro país, los brasileños Joaquim Pires Cerveira, João Batista Rita Pereda, Sídney Fix Marques dos Santos, Francisco Tenorio Cerqueira Júnior, María Regina Marcondes Pinto, Jorge Alberto Basso, Sergio Fernando Tula Silberbeg, Walter Kenneth Nelson Fleury, Roberto Rascado Rodríguez e Luiz Renato do Lago Faria. Entre ellos, se destaca el caso de Francisco T. C. Junior, secuestrado en Buenos Aires el 18 de marzo de 1976 y muerto bajo tortura en la ESMA por funcionarios argentinos y brasileños.

Actuaciones conjuntas marcaron las desapariciones forzadas de argentinos, como los casos de Horacio Domingo Campiglia, Mónica Susana Pinus de Binstock, Norberto Armando Habegger, Cristina Gloria Fiori de Vino, Lorenzo Ismael Viñas y Jorge Oscar Adur quienes fueran detenidos en territorio brasileño. Antonio Luciano Pregoni, Enrique Ernesto Ruggia, Gregorio Bregstein, Antonio Graciani y Jean Henry Raya Ribard también desaparecieron en Brasil en situación similar.

Joao Goulart, un extraordinario líder popular que avanzó como ningún otro dirigente político de su país en medidas de enorme transformación social, fue otra víctima de la “Operación Cóndor” y su caso requiere una investigación conjunta que involucre a las instituciones de Argentina, Uruguay y Brasil. En este último país, el avance, por el momento, es prácticamente nulo, no sólo por la ya muy “efectiva” auto amnistía establecida por los dictadores brasileños, sino por la decisión de Jair Bolsonaro, de conmemorar positivamente el golpe del 31 de marzo de 1964, que depuso a Jango, sino porque resulta más que conocida su posición de desprecio a los Derechos Humanos expresada constantemente por declaraciones misóginas, homofóbicas y racistas. Paradójicamente o provocativamente, en el mismo momento en que millones de argentinos se volcaron a las calles y plazas de nuestro país y fueron parte de miles de actos de Memoria como cada 24 de Marzo, Brasil festejó la instauración de una larga dictadura de 21 años, solo superada en el cono sur de América por la sangrienta tiranía de Alfredo Stroessner en el Paraguay. Es por ello que el proceso judicial argentino sigue siendo la única alternativa posible, por sus características de excepcionalidad y de ejemplaridad, de Verdad y de Justicia.