El caso del ex concejal peronista Ariel Pereira deja expuesta a la justicia correntina desde la instrucción hasta el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Fue condenado a una pena que no existe antecedente en la provincia de Corrientes, en el país y el mundo a dos años de prisión efectiva, cuando todas las condenas de tres años o menores a ella son de suspenso y una inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida, por haberse detectado que el municipio a cargo del intendente Osella, opositor al edil le pagaba una suma de $238 de forma errónea en su recibo de sueldo.

Dicha persecución se da no solo por ser un dirigente del Kirchnerismo, sino por ser director de medios de comunicación (radio fm 95.3 y el diario digital más leído de la ciudad, tngoya.com) en los que denunciaba y exponía las irregularidades del gobierno radical y pregonaba siempre la vuelta de un gobierno popular al lado de las necesidades del pueblo; y, además, de haber sido la cara visible en informes de C5N al gobierno provincial por serias irregularidades.  

El hecho se inició cuando en Corrientes se comenzó a aplicar el LAWFARE. De esta forma, se inició un ataque sistemático, primero en el seno del HCD de Goya, que continua con cientos de titulares en medios que cobraban pautas del gobierno provincial y finalmente, concluye con sentencias de jueces políticos, que responden al gobierno UCR, instalado en la provincia de Corrientes desde el año 2001 después de la intervención a los poderes del estado.

Esta persecución política, no solo la está padeciendo Ariel Pereira, sino también muchos dirigentes del hoy Frente de Todos. Hay intendentes, ex intendentes, legisladores, funcionarios y ex funcionarios PERONISTAS y/o socios del FPV, hoy Frente de Todos, que en toda la provincia de Corrientes se encuentran procesados, presos y con causas en curso, ya que el gobierno provincial utiliza a la justicia para ejercer presión sobre los opositores.

El ex concejal peronista estuvo preso, cumpliendo una pena de dos años de prisión efectiva ya que el Tribunal Oral penal de Goya lo encontró culpable de cobrar un plus salarial de 238 pesos. Sin embargo, a pesar de no tener antecedentes penales, lo condenaron a dos años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, a pesar de que la comisión investigadora del HCD dictamino que Pereira era inocente y que no había cometido fraude a la administración pública en base a lo que había informado el Tribunal de Cuentas respecto a que “19 casos” similares al de Pereira, también percibían adicional, además  no existía documentación apócrifa.

Se trata de un claro ejemplo de persecución y detención arbitraria contra dirigentes kirchneristas ya que la orden de detención de Ariel Pereira coincidía con la fecha en que Alberto Fernández visitaría la ciudad de Corrientes, como candidato presidencial, que por un paro aeronáutico, no pudo viajar y dicho acto no se pudo realizar, pero la orden de detención ya estaba firmada y Ariel Pereira debía cumplir la condena. Durante meses alejado de su hogar, de su familia. Meses que debió cumplir encerrado por el solo hecho de ser opositor. Meses que estuvo privado de respirar libertad, por decisión de unos jueces que empezaron su carrera siendo militantes radicales y funcionarios del gobierno de ECO, designados por el poder instalado en la provincia hace más de veinte años y que por pedidos políticos violan todos los principios y garantías reconocidos en nuestra Constitución.

El Tribunal Oral Penal de Goya (TOP) estuvo integrado por: el juez Darío Ortiz (militante radical) quien se desempeñaba en el momento del hecho, como Director de Personal de la Municipalidad de Goya y era la persona que habilitaba el pago de los adicionales en los recibos de haberes, entre ellos el de Ariel Pereira. Pero unos años después, nombrado juez de instrucción en una causa contra el mismo y los otros “19 casos” dicta falta de mérito. ¿No debió acaso inhibirse por ser parte demandada? Luego, para el juicio contra Ariel Pereira, el mismo juez es designado juez de Cámara. ¿No debió acaso hacerse lugar a la recusación contra dicho “juez” planteada por la defensa? El Juez Duarte, quien tiene vínculos con el  presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, Cassani, socio político de Eco+Cambiemos y el juez Díaz Colodrero, a quien a las pocas semanas, se le premio con la jubilación de privilegio entregada en propias manos en Goya y spot utilizado por el gobierno para demostrar cómo se recompensa a quien hace caso a las órdenes a pesar de ir contra la ley.

Se denunció ante el STJ de la provincia que la detención había sido ilegal, sin respetar los pasos que corresponden según el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Corrientes. Asimismo, se presentaron distintos recursos ante la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia, todos denegados, hasta el Recurso Extraordinario Federal de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quedando a la vista la degradación de derechos y la violación al principio rector de justicia que es el de imparcialidad de los jueces ya que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ) está integrado por el Dr. Rey Vázquez, quien anteriormente se desempeñó como asesor letrado en la gestión municipal del radical Vignolo, luego nombrado por Ricardo Colombi como Fiscal de Estado y finalmente nombrado miembro del STJ de Corrientes. Panseri: esposo de la senadora radical Alejandra Seward.  Ajandro Chain: hermano del diputado de ECO+Cambiemos, Marcelo Chain.

¿Puede haber en este caso imparcialidad al momento de dictar una resolución contra un dirigente opositor?

Tal es la violación a los derechos y garantías reconocidos por ley que intervinieron las organizaciones de Derechos Humanos  para visibilizar y viralizar en todo el país lo que estaba pasando con el poder judicial en Corrientes, asimismo elevaron un informe al Relator de la ONU; y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación presentó un AMICUS CURIAE en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exigiendo se actúe conforme a derecho.